Defensoría del Pueblo, con motivo del caso de la Organización Política A.N.T.A.U.R.O, recomendó legislar el procedimiento para las peticiones de ilegalidad de organizaciones políticas establecido por el artículo 14° de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N° 28094 y evitar transgresiones al debido proceso y demás garantías de orden constitucional

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de defender los derechos fundamentales de las personas y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, considera necesario que se establezca un procedimiento claro y preciso para la aplicación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Una regulación adecuada permitirá prevenir vacíos normativos, garantizar el debido proceso y salvaguardar el ejercicio de los derechos de participación política en igualdad de condiciones.
En ese sentido, se cursaron oficios al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación y al Congreso de la República, en los que expusimos nuestras recomendaciones respecto de las peticiones de ilegalidad presentadas contra organizaciones políticas, en atención a un requerimiento del Jurado Nacional de Elecciones devenido del caso de la organización política A.N.T.A.U.R.O..
Ello con la finalidad de evitar decisiones que puedan afectar el derecho de participación política de la ciudadanía.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recuerda que toda actuación de las instituciones públicas debe enmarcarse en los principios de legalidad, taxatividad, objetividad y neutralidad, a fin de asegurar que el sistema democrático funcione con transparencia y sin interferencias indebidas.
Exhortamos a los poderes del Estado, así como a los órganos constitucionalmente autónomos que forman parte del Sistema de Justicia a no interferir en el normal desarrollo de los procesos electorales, asegurando la neutralidad como principio rector y condición esencial para la democracia. Recordamos que son los organismos del sistema electoral los garantes de la transparencia, imparcialidad y legitimidad de los comicios, y que su labor debe ser respetada para preservar la voluntad soberana de la ciudadanía.
Finalmente, en líneas de principio, rechazamos toda forma de manipulación de los poderes del Estado que pretenda alterar el equilibrio de funciones, condicionar la independencia de las instituciones o interferir en el libre ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Dichas prácticas ponen en riesgo la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y debilitan la confianza de la población en las instituciones democráticas.
Link del informe: https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-tecnico-legal-n-002-2024-dp-adhpd/
