Defensoría del Pueblo condena presunta violación sexual cometida por congresista Freddy Díaz Monago

- Ministerio Público y Poder Judicial deben actuar con diligencia y Congreso debe iniciar las investigaciones correspondientes.
La Defensoría del Pueblo expresa un absoluto rechazo y condena frente a la presunta violación sexual cometida por el congresista Freddy Díaz Monago. Por ello, se ha solicitado al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con celeridad y con la debida diligencia para investigar y sancionar este hecho a fin de evitar la impunidad. Además, Congreso de la República debe iniciar las investigaciones correspondientes a través de la Comisión de Ética Parlamentaria.
Cabe indicar que la denuncia fue realizada por una mujer que labora en el Congreso de la República, quien refirió haber sido víctima de este infame hecho la madrugada del 27 de julio en una oficina ubicada en el Jirón Azángaro de este poder del Estado (en el Cercado de Lima).
Para la institución, estos actos y toda forma de violencia contra las mujeres merece el repudio absoluto y una condena firme, más aún cuando se trata de una violación sexual cometida por un alto funcionario público. En este tipo de hechos, existe un abuso de la relación de poder respecto de la víctima, a quien se le doblega su voluntad buscando limitarle el uso de sus facultades e impidiendo su decisión de manera libre y voluntaria.
Asimismo, la violación sexual es una de las manifestaciones más aberrantes de la violencia basada en el género, al expresar una relación de poder o subordinación entre víctima y victimario, buscando este apropiarse, controlar y reducir a las mujeres apoderándose de su intimidad, y generándoles graves consecuencias físicas, emocionales, sociales y de otros tipos en todo su ciclo de vida. Además, se vulnera sus diversos derechos fundamentales, en especial su dignidad, libre desarrollo, no discriminación, salud, vida e integridad.
Sobre el caso, al haber confirmado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la denuncia realizada por la víctima y al estar brindando a esta protección y atención legal, corresponde al Ministerio Público y Poder Judicial actuar con prontitud y con la diligencia debida en la investigación y sanción de este execrable hecho, a fin de evitar la impunidad.
En el marco de nuestras funciones constitucional y legalmente atribuidas, seguimos, hoy más que nunca, supervisando la actuación de las instituciones del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ). En ese sentido, exhortamos al Congreso de la República, a través de la Comisión de Ética Parlamentaria, a iniciar las investigaciones correspondientes en el marco de sus competencias.
La Defensoría del Pueblo reitera su condena frente a todo acto de violencia sexual contra las mujeres, más aún si es cometido por funcionarios públicos y en las instalaciones estatales, transgrediendo toda ética y mereciendo el más fuerte reproche y rechazo de todo el Estado y de la sociedad.
