Defensoría del Pueblo condena relaciones de personas adultas con niños y adolescentes y exige mayor rigurosidad en la evaluación de candidatos a cargos públicos
- Tras reciente caso de un exministro, se exige implementar filtros rigurosos y de carácter obligatorio en la selección de autoridades.
Ante los últimos hechos vinculados a un alto exfuncionario del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo expresa su más enérgico rechazo y condena frente a la normalización social de las relaciones sentimentales y sexuales entre hombres mayores de edad y adolescentes menores de 18 años. Nuestra institución advierte, con profunda preocupación, que estos vínculos están marcados por una evidente y peligrosa asimetría de poder, edad y experiencia, la cual vulnera el desarrollo integral de los niños y adolescentes, representando además un grave riesgo para su integridad física, psicológica y emocional.
Para la Defensoría del Pueblo, es imperativo que la sociedad comprenda que la adolescencia es una etapa de formación y maduración. Las relaciones que involucran a adultos con adolescentes, aun cuando desde ciertos sectores se pretenda argumentar la existencia de un supuesto consentimiento, esconden con frecuencia dinámicas de manipulación, dependencia, coerción implícita e incluso hechos de violencia sexual donde todavía se cree que el matrimonio o la convivencia puede reparar el daño producido.
Además, estas situaciones suelen derivar en violencia de género, embarazos no deseados, deserción escolar, afectaciones a la salud física y mental y, en última instancia, la frustración de los proyectos de vida de las víctimas. El Estado y la ciudadanía no pueden ser tolerantes ni cómplices ante hechos que ponen en peligro a nuestra población más vulnerable.
La Defensoría del Pueblo recuerda también que el Estado es garante de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales que lo obligan a garantizar entornos seguros, libres de cualquier forma de abuso, aprovechamiento o explotación. La permisividad frente a estas mal llamadas «relaciones sentimentales» perpetúa patrones de desigualdad y violencia, incompatibles con un Estado democrático de derecho.
En ese sentido, en el marco de la defensa irrestricta de los derechos de la niñez y la adolescencia, y frente a la conformación de cuadros políticos y la próxima elección de autoridades, exigimos a los partidos políticos, movimientos regionales y a las autoridades electorales implementar filtros rigurosos en la selección de candidaturas.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de mantenerse vigilante frente a estos hechos. Hacemos un llamado urgente a las instituciones del sistema de justicia para actuar con celeridad y enfoque de derechos humanos frente a cualquier denuncia de esta índole, y exhortamos a la ciudadanía a ejercer un voto responsable, rechazando categóricamente a cualquier candidato que represente una amenaza moral o física para nuestras niñas, niños y adolescentes.