Defensoría del Pueblo: debe garantizarse derecho a la salud mental de personas privadas de libertad en Pasco

• Los casos de internas o internos que presentan algún problema de salud mental han aumentado debido a la pandemia por el COVID-19.
• Estado de salud se agrava al no recibir tratamiento médico respectivo.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco intervino a favor de dos internos del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca que tenían problemas de salud mental, los cuales no recibían tratamiento alguno desde el inicio de la pandemia por la COVID-19.

Uno de los casos ocurrió en junio, donde la institución logró que el interno reciba medicación adecuada. Además, recientemente se intervino en el caso de otro reo de 41 años que sufriría de alteraciones mentales. El diagnóstico inicial fue establecido por el personal de salud del penal tras algunos episodios de autolesiones, por lo que recomendamos atención especializada a cargo de un profesional en psiquiatría, de manera oportuna.

Esta situación se agudiza pues, pese a que todos los internos del penal de Cochamarca están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión u otros establecimientos cercanos no cuentan con médicos especialistas en psiquiatría que permitan garantizar la atención requerida. Por ello, la oficina defensorial coordinó con las autoridades de EsSalud del lugar para brindar la atención respectiva.

Ante esta situación, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Raquel Álvarez, consideró que la falta de atención psiquiátrica pondría en riesgo a la población penitenciaria del Establecimiento Penal de Cochamarca, que es de aproximadamente 700 internos. De otro lado, al ser un penal de Régimen Cerrado Especial, sostuvo que es necesario que las autoridades gestionen tratamientos oportunos para las personas que manifiesten algún síntoma de problemas de salud mental.

“Las personas privadas de libertad solo tienen restringido el derecho al libre tránsito, por lo que el Estado debe garantizar el respeto de otros derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y supranacional, como por ejemplo el derecho a la salud”, sostuvo la representante de la institución.