Defensoría del Pueblo: debe garantizarse el cumplimiento del pacto de buena convivencia social entre comunidades de Apurímac
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac requirió a las autoridades de la provincia de Aymaraes realizar un monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la reunión del último domingo 27 de septiembre entre los pobladores de las comunidades campesinas de Pampamarca y Colca, cuyo enfrentamiento dejó varias personas heridas.
El incidente ocurrió el pasado sábado 26 de septiembre, en el sector de Ccasahuasi, cuando comuneros de dos zonas campesinas limítrofes se enfrentaron por el lindero oficial que divide dicha zona. La disputa territorial terminó con una pelea con huaracas y piedras que dejó al menos 15 personas heridas, las cuales fueron trasladadas para su atención a la ciudad de Chalhuanca.
Ante la grave situación, la oficina defensorial coordinó con las autoridades competentes la instalación de una mesa de diálogo en el local del coliseo municipal de la ciudad de Chalhuanca. En la cita, participaron las subprefectas de los distritos de Cotaruse y Caraybamba, los alcaldes distritales y regidores municipales de la provincia de Aymaraes, así como los integrantes del Equipo de Intervención de Gestión Social de Apurímac.
Tras la exposición de la problemática presentada por los representantes de las comunidades en conflicto, se acordaron alternativas para una convivencia pacífica y armoniosa entre las comunidades de Pampamarca y Colca y se levantó un acta, la cual fue firmada por los representantes de las comunidades y las autoridades competentes.
Entre los acuerdos, se determinó evitar todo tipo de agresión física, verbal o las amenazas que afecten los derechos fundamentales de la persona, así como prohibir cualquier actividad agrícola, ganadera, minera o de construcción en la zona limítrofe hasta que se emita una sentencia judicial en última instancia que fije los linderos en la zona en controversia.
Asimismo, se acordó realizar una visita de campo el 5 de octubre para certificar el cumplimiento de los acuerdos en la zona de conflicto y asegurar que el respecto del pacto de buena convivencia social.