Defensoría del Pueblo demanda respeto para las víctimas de la violencia y exhorta al ejecutivo a reimpulsar plan integral de reparaciones.

Durante reunión sostenida con dirigentes de afectados.Defensoría del Pueblo demanda respeto para las víctimas de la violencia y exhorta al ejecutivo a reimpulsar plan integral de reparaciones.

• Los más de 17,000 testimonios de compatriotas que recogió la Comisión de la Verdad y Reconciliación constituyen una lección cívica de lucha frente al terrorismo y los crímenes contra los derechos humanos.

• Se debe nombrar al responsable de la CMAN para reimpulsar proceso de reparaciones.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, se reunió hoy con representantes de los comités de autodefensa y organizaciones de afectados de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Selva Central, quienes expresaron su preocupación porque el proceso de reparaciones se encuentra paralizado desde la salida de la responsable de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, en diciembre del año pasado.

Por su parte, Eduardo Vega, lamentó las declaraciones que se han vertido sobre los testimonios que brindaron las víctimas de la violencia ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. “No se puede faltar el respeto a los testimonios de peruanos que sufrieron directamente las consecuencias del terror y la pérdida de sus seres queridos. Los testimonios recogidos por la CVR demuestran la valentía y la entereza de miles de personas que compartieron su dolor y la tragedia que les tocó vivir. Nadie tiene derecho a ignorarlos”.

Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que el Estado no ha cumplido con implementar adecuadamente las reparaciones en educación, salud, promoción y facilitación al acceso habitacional, económicas, restitución de derechos y simbólicas.

De igual forma, la funcionaria sostuvo “que se debe cumplir con el compromiso asumido por el gobierno de modificar el Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, el cual vulnera el carácter permanente del Registro de Víctimas y no cumple con su finalidad reparatoria, al establecer criterios cuestionables, como exigir que los padres de personas asesinadas o desaparecidas tengan más de 80 años y se encuentran en situación de desamparo material, y que las esposas, esposos o convivientes deban tener más de 65 años, sin considerar los casos de personas con enfermedades graves que necesitan de manera prioritaria acceder a estas reparaciones”.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo, en especial al Consejo de Ministros y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que en el más breve plazo se adopten las medidas que deban reimpulsar decididamente el proceso de reparaciones en el país y, se tomen en consideración las sugerencias y propuestas que las diferentes organizaciones de afectados a nivel nacional vienen realizando. (Ver nota completa).