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Defensoría del Pueblo envió al Ministerio del Interior documento sobre operativo realizado en la UNMSM

6:38 pm 24/01/2023

  • Se solicitó investigar denuncias de maltrato y corregir actuaciones que han afectado a niña, mujeres embarazadas, mujeres, personas adultas mayores y personas de pueblos indígenas.
  • Asimismo, se recomendó al MIMP y al MINJUSDH la elaboración de un “Protocolo de registro personal y de incautación para población en situación de vulnerabilidad”.

 

La Defensoría del Pueblo, mediante oficio, ha comunicado al Ministerio del Interior (Mininter) los hallazgos resultantes de su labor de supervisión desarrollada tras el operativo policial realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y al posterior traslado de las personas detenidas a la Dirincri, Dircote y la División de Asuntos Sociales, el pasado 21 de enero.

En el documento citado, la institución da cuenta de diversas situaciones irregulares constatadas por sus comisionados/as que han afectado o colocado en riesgo los derechos de las personas detenidas. En el mismo sentido, ha solicitado se investiguen las denuncias de maltrato efectuadas por las personas intervenidas.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, corresponde al Mininter impulsar la adopción de protocolos o lineamientos policiales que garanticen los derechos de los detenidos. Resulta indispensable que los mismos cuenten con perspectiva interseccional además de los enfoques de derechos humanos, género, niñez y adolescencia, ciclo de vida, interculturalidad, discapacidad, entre otros.

Las acciones de supervisión realizadas por la institución el día del despliegue policial realizado, sin la presencia de representantes del Ministerio Público ni de las autoridades universitarias, hace imprescindible incidir en la necesidad de que, durante las intervenciones y detenciones policiales, se respete el trato digno y los derechos fundamentales de las personas intervenidas.

Entre los problemas detectados desataca el hecho que no se previeron ni ejecutaron protocolos o prácticas para atender la situación de las personas vulnerables que se encontraban al interior del claustro: niñas (1), mujeres gestantes (2), personas con condiciones médicas preexistentes (2) (párkinson e hipertensión), personas adultas mayores (8), personas con discapacidad y personas integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas.

Durante el despliegue defensorial fue posible advertir que las diligencias de investigación con las personas detenidas empezaron sin la presencia de sus abogadas/os, hecho que contradice abiertamente la Constitución y el artículo 71 del Código Procesal Penal. En similar sentido, fue patente la ausencia de intérpretes en lenguas originarias (quechua y aimara) durante los primeros momentos de detención pese a que un número significativo de personas indígenas detenidas los requerían.

Asimismo, se verificó que en las dependencias policiales no existieron previsiones para garantizar alimentos y agua a las personas detenidas. Esto fue subsanado gracias al apoyo humanitario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de otras personas e instituciones. A ello, se suma que las instalaciones no contaban con la infraestructura adecuada para recibir el gran número de personas detenidas, generando hacinamiento en las celdas de varones y mujeres, destacando en gravedad que no se contara con un espacio adecuado para atender a una mujer gestante y su hija de 7 años. La intervención institucional en este último caso, permitió que se trasladara a la madre y a su niña a un centro de salud, que interviniera de forma posterior la unidad de protección del MIMP y que finalmente se disponga su liberación.

A fin de superar los problemas anotados, la Defensoría del Pueblo, entre otros aspectos, ha recomendado la adopción de medidas que garanticen a los detenidos el respeto de los principios de la administración de justicia previstos en la Constitución, como la observancia del debido proceso y el no ser privado del derecho a la defensa. En el mismo sentido, la creación de mecanismos efectivos de protección a las mujeres detenidas, a quienes debe proveérseles de servicios diferenciados y acceso adecuado higiénicos, insumos y medicamentos de salud menstrual, entre otros.

También, se ha solicitado al Mininter garantizar una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes que se encuentren acompañando a sus progenitoras/es o cuidadoras/es en las detenciones, en virtud de su interés superior y el deber de protección especial por parte del Estado a las personas menores de edad.

Se recomendó además, mejorar las salas de meditación de la PNP, a fin de que cuenten con ambientes de detención idóneos, modificar el “Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación de la incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia”, para incorporar medidas específicas que garanticen el trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas; y supervisar que los efectivos policiales cumplan con el “Manual de Derechos Humanos aplicados a la función Policial”, donde se establecen los derechos de las personas detenidas, incluyendo la comunicación con algún familiar o amistad.

 

La Defensoría del Pueblo también envió oficios a la MIMP y al MINJUSDH haciéndoles llegar la preocupación institucional y las recomendaciones, a fin de contribuir en la adopción de medidas urgentes para proteger a poblaciones vulnerables en situación de detención o retención; en un marco de articulación entre las entidades competentes en la materia, con la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas.

Asimismo, se recomienda la elaboración de un “Protocolo de registro personal y de incautación para población en situación de vulnerabilidad”, a fin de garantizar a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género, como el acceso a los servicios higiénicos, insumos y medicamentos de salud menstrual, entre otros, que permitan una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación.

 

Para la Defensoría del Pueblo la adopción de las recomendaciones planteadas resulta urgente en la medida que, de no subsanar los problemas descritos, vulneraría el deber de proteger a las personas de toda forma de tortura o trato inhumano o degradante.