MENUMENU
Inicio  /  Noticia Nacional   /   Defensoría del Pueblo exhorta a autoridades a fortalecer la prevención y la preparación ante el riesgo de desastres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Defensoría del Pueblo exhorta a autoridades a fortalecer la prevención y la preparación ante el riesgo de desastres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

6:42 pm 13/10/2026

  • En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora cada 13 de octubre, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad de las personas, y exhorta a las autoridades a fortalecer la prevención, reducir las vulnerabilidades y promover una cultura de gestión del riesgo de desastres.

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora cada 13 de octubre, constituye una oportunidad para recordar que la prevención y la reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, todas las instituciones públicas y privadas, así como de la ciudadanía, de modo que es una prioridad permanente proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Esta conmemoración también permite destacar la importancia de fortalecer las políticas y acciones orientadas a prevenir la generación de nuevos riesgos, reducir los existentes y evitar que los peligros se conviertan en desastres. Para ello, resulta fundamental que las autoridades incorporen el enfoque de gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo territorial, la ejecución de inversiones públicas y la prestación de los servicios esenciales, priorizando la protección de la población expuesta a mayores condiciones de vulnerabilidad.

En el Perú, la magnitud de esta problemática exige fortalecer la gestión del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno. Según un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), publicado en junio de 2026, 3 926 892 personas están expuestas a un nivel de riesgo muy alto frente a inundaciones en 113 distritos identificados en el país. El análisis también comprende 1 221 205 viviendas, 2 103 establecimientos de salud y 9 127 locales educativos, cifras que evidencian la necesidad de priorizar intervenciones en los territorios más vulnerables.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo recuerda que la prevención es indispensable para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la salud. Por ello, las autoridades deben identificar oportunamente las zonas de peligro, fiscalizar el cumplimiento de las normas de construcción, evitar la ocupación de áreas de alto riesgo e incorporar criterios de seguridad en la planificación territorial y la ejecución de obras públicas. También deben asegurar que los planes de prevención y respuesta cuenten con recursos suficientes y mecanismos de coordinación que permitan actuar oportunamente ante una emergencia.

En particular, los gobiernos regionales, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), deben cumplir las funciones y responsabilidades que les atribuye la normativa vigente, entre ellas desarrollar e implementar los instrumentos de gestión del riesgo de desastres de su competencia, promover la incorporación de este enfoque en la planificación regional y ejecutar acciones de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, les corresponde fortalecer sus capacidades institucionales y articular esfuerzos con los gobiernos locales y las entidades técnico-científicas para proteger a la población y sus medios de vida.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo señala la importancia de participar en el III Simulacro Nacional Multipeligro, programado para el martes 13 de octubre a las 8:00 p.m., ejercicio que permitirá a las familias, comunidades e instituciones poner en práctica sus procedimientos de evacuación y respuesta, identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus capacidades frente a los peligros.

De igual manera, los gobiernos regionales deben fortalecer sus acciones de preparación y respuesta ante emergencias y desastres, asegurando la disponibilidad de recursos, la organización de sus equipos y la articulación de sus sistemas de alerta y comunicación. Estas medidas deben complementarse con actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a la población, así como con el seguimiento permanente de las condiciones de riesgo en sus territorios, a fin de adoptar decisiones oportunas que contribuyan a salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad de las personas.

Aunado a ello, la Defensoría del Pueblo exhorta a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales y distritales a verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres; elaborar, actualizar e implementar los instrumentos de planificación que les correspondan; incorporar medidas de prevención y reducción del riesgo en sus decisiones de gestión; y garantizar los recursos necesarios para ejecutar las acciones previstas.

Asimismo, las autoridades deben adoptar medidas para identificar los riesgos existentes en sus territorios, fortalecer la preparación de sus equipos y de la población, y asegurar la coordinación con las entidades competentes del SINAGERD. El cumplimiento de estas obligaciones debe ser verificable y traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera que la gestión del riesgo de desastres debe constituir una prioridad permanente de las autoridades y no limitarse a la atención de emergencias. En ese sentido, insta a los gobiernos regionales y locales a adoptar medidas preventivas oportunas, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades, con especial atención a las poblaciones más vulnerables, a fin de reducir los riesgos y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.