Defensoría del Pueblo exhorta a la prórroga de pago de los servicios de telecomunicaciones
- Cobro, fraccionado y sin intereses ni moras, deberá realizarse pasada la emergencia
Ante la ampliación del estado de emergencia para evitar la propagación del COVID-19 en el país, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC impulsar disposiciones explícitas que determinen la suspensión del cobro de los servicios de telecomunicaciones y que las facturaciones emitidas en el periodo de emergencia sean cobradas después de culminada la emergencia, de manera fraccionada, sin intereses, en un periodo de hasta 24 meses.
Esta invocación fue realizada debido a la importancia de los servicios de telecomunicaciones para garantizar el ejercicio de derechos durante este periodo y tras verificar que las empresas que prestan este servicio han empezado a cursar a los usuarios correos electrónicos, mensajes de texto y de voz exigiendo el pago del mismo.
Para la Defensoría del Pueblo, el Estado debe garantizar la continuidad de estos servicios, y especialmente la telefonía móvil y el internet fijo, necesarios para el desarrollo del teletrabajo, la teleducación y para difundir información sobre los beneficiarios de las ayudas sociales. Según datos del Osiptel, existen alrededor de 40 millones de líneas móviles, cuyos titulares pertenecen a diferentes estratos sociales.
En ese sentido, la normativa que emita el MTC debe plantear una solución integral para que la población continúe haciendo uso de estos servicios durante la emergencia, considerando además la ampliación de la banda ancha, la entrega gratuita de mensajes de texto y la navegación en determinadas páginas de internet que el Estado emplea para difundir información relevante que potencie la prevención.
Cabe señalar que las medidas de emergencia han generado inevitablemente la paralización de actividades económicas, impactando con mayor crudeza en el 72% de la población económicamente activa (PEA) empleada de manera informal, y que hoy no cuenta con ingresos económicos suficientes para el pago inmediato de los servicios de telecomunicaciones y de otros servicios. De acuerdo a la encuesta realizada por la empresa Apoyo, el 48% de los entrevistados señaló que carecen de recursos para el abastecimiento de sus hogares, y un 31 % afirmó tener un trabajo habitual pero que no está trabajando.
La Defensoría del Pueblo permanecerá atenta a las disposiciones que adopte el MTC respecto a las empresas que brindan el servicio de telecomunicaciones con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio en momentos que la población más lo necesita.