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Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades de los distintos niveles de Gobierno acciones concretas para garantizar los derechos de los jóvenes en el país

4:39 pm 12/08/2026

  • En el Día Internacional de la Juventud, la institución demanda fortalecer las políticas públicas frente a las brechas que afectan el acceso a la educación, empleo digno, salud y protección frente a la violencia.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora hoy 12 de agosto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las políticas públicas dirigidas a la juventud y adoptar medidas concretas que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos, especialmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión.

En el Perú, la población joven comprende a las personas de 15 a 29 años. Esta definición implica reconocer la diversidad de situaciones, necesidades y desafíos que atraviesan las juventudes durante esta etapa de sus vidas. Las cifras evidencian importantes desafíos. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024, el 17,4 % de la población de 15 a 29 años no estudiaba ni trabajaba. Esta situación presenta además una marcada brecha de género, puesto que el 11,6% de los hombres jóvenes se encontraba en dicha condición, mientras que en las mujeres el porcentaje alcanzaba el 23,3 %.

La situación requiere particular atención durante la adolescencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el segundo trimestre de 2025, entre los adolescentes de 14 a 17 años, el 70,5 % se dedicaba exclusivamente a estudiar, mientras que el 13,1% estudiaba y ayudaba en alguna actividad. Asimismo, el 5,0 % solo trabajaba y el 11,4% no estudiaba ni trabajaba, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas destinadas a garantizar la permanencia educativa y las oportunidades de desarrollo durante la adolescencia.

Para la Defensoría del Pueblo, estos indicadores evidencian que existen adolescentes y jóvenes que requieren oportunidades efectivas para continuar sus estudios, acceder progresivamente a empleos dignos. Por ello, la institución demanda fortalecer la permanencia y culminación oportuna de la educación básica, así como ampliar las oportunidades de acceso a educación superior universitaria y técnica de calidad, con especial atención a las brechas territoriales, económicas, digitales y de género.

Asimismo, resulta necesario promover oportunidades de empleo digno para las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral, fortaleciendo su capacitación y empleabilidad y garantizando el respeto de sus derechos laborales y el acceso a la protección social. La Defensoría del Pueblo también considera indispensable fortalecer los servicios de salud integral, incluida la salud mental, asegurando que adolescentes y jóvenes puedan acceder a una atención oportuna, accesible, de calidad y sin discriminación. Del mismo modo, las instituciones deben redoblar sus esfuerzos para prevenir y atender todas las formas de violencia que afectan a esta población, especialmente la violencia sexual.

Otro aspecto fundamental es garantizar la participación efectiva de los jóvenes en espacios donde puedan escuchados y expresar sus necesidades, formular propuestas y participar en las decisiones públicas que afectan su presente y futuro, considerando especialmente las voces de adolescentes, mujeres jóvenes, juventudes rurales, indígenas, afroperuanas, personas con discapacidad y otros grupos que enfrentan mayores barreras para el ejercicio de sus derechos.

En ese sentido, la nuestra institución exhorta a las nuevas autoridades de los sectores de Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como a los gobiernos regionales y locales, a fortalecer la articulación de sus intervenciones y asegurar que las políticas dirigidas a las juventudes cuenten con objetivos concretos, presupuesto suficiente, servicios accesibles y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

Finalmente, la institución continuará supervisando las políticas y servicios públicos dirigidos a esta población y formulando recomendaciones a las autoridades competentes para contribuir a que todas las personas jóvenes, sin distinción y en cualquier lugar del país, puedan ejercer plenamente sus derechos.