Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a garantizar el inicio de la implementación efectiva de la Estrategia Nacional sobre Autismo
Al conmemorarse este 2 de abril el Día mundial de concienciación sobre el autismo, la Defensoría del Pueblo subraya la importancia de avanzar en la búsqueda de nuevos mecanismos que permitan garantizar los derechos de este importante sector vulnerable de nuestra población. En ese sentido, exhorta al Estado a poner en marcha la Estrategia Nacional sobre Autismo, aprobada en noviembre del año pasado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
Cabe indicar que, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, durante 2025 se reportaron en nuestro país 96 512 casos atendidos de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y un total de 764 860 atenciones brindadas en los servicios de salud. Frente a ello, la estrategia incluye acciones para garantizar que las personas autistas puedan acceder a educación, salud, empleo y justicia en igualdad de condiciones.
Además, durante el periodo de ejecución, que comprende el periodo 2026 – 2030, busca impulsar la investigación sobre el autismo y generar mayor comprensión sobre sus necesidades a través de entornos más inclusivos. Sin embargo, a cinco meses de su aprobación, se requiere de medidas de tipo presupuestal para iniciar su implementación efectiva.
Para la Defensoría del Pueblo, destacar el valor del autismo implica reconocer la importancia de la inclusión, así como poner en relieve el aporte de las personas autistas, desde sus particularidades, en el desenvolvimiento común de la humanidad.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es parte de la neurodiversidad humana y el Estado peruano tiene un compromiso que no se ha abordado por completo. Así el Informe Final del Plan Nacional para las Personas del Trastorno del Espectro Autista 2019 – 2021 da cuenta de objetivos que no lograron ser alcanzados, lo cual redunda en el ejercicio de derechos de las personas autistas.
De esta manera, se evidencia dificultades de articulación entre ministerios y gobiernos regionales y locales, brechas en la descentralización de los servicios de salud con cobertura limitada, debilidades para implementar las adaptaciones curriculares necesarias para la educación inclusiva, así como políticas efectivas de inserción laboral y programas de apoyo sostenido a las familias.
Cumplir con las responsabilidades establecidas compromete a todos los sectores, sobre todo salud, educación y trabajo, para asegurar una vida en igualdad y sin discriminación, que reconozca a las personas autistas como parte fundamental del progreso colectivo. Asimismo, los distintos niveles de gobierno deben promover que en el contexto de sus jurisdicciones se haga frente a la desinformación y los prejuicios que aún persisten en escuelas, entornos laborales y la propia comunidad.
En este día, la Defensoría del Pueblo reafirma su labor constante de defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, exigiendo al Estado la eliminación de barreras para impulsar una sociedad que respete su dignidad y garantice su inclusión, autonomía y acceso oportuno a servicios integrales en igualdad de condiciones.