Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a garantizar la atención integral a niña embarazada víctima de violación sexual en Arequipa

- Actualmente niña de 10 años tiene 26 semanas de gestación a consecuencia de la violación sexual perpetrada por su padrastro.
- La niña presenta diagnóstico de gestación de alto riesgo obstétrico, por lo cual las entidades competentes deben actuar de forma célere y diligente para su atención integral.
En diciembre del año 2025, una niña de diez años fue diagnosticada con un embarazo de alto riesgo producto de violación sexual, tras ser trasladada por la directora de su colegio a un centro de salud, por dolor abdominal agudo.
El 18 de diciembre de 2025, la niña fue trasladada al Hospital de Aplao, donde se determinó que tenía 21 semanas y 5 días de gestación, y al advertir que el embarazo pone en riesgo la vida de la niña gestante o causaría en su salud un mal grave y permanente, se convocó a una Junta Médica.
Sin embargo, recién el 9 de enero del presente año, la Junta Médica procedió a la evaluación concluyendo que no es recomendable proceder a la interrupción terapéutica del embarazo mayor a veintidós semanas, debido que a esa fecha la niña superó el período de gestación por lo cual no le corresponde la aplicación de la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”, para este tipo de casos, además de no haber sido solicitado por ella o por su representante.
Al respecto es preciso aclarar que, de acuerdo al marco jurídico nacional el Establecimiento de Salud (EESS) tiene la obligación de informar el procedimiento a la gestante y proceder de oficio ante un riesgo para la salud integral, especialmente en niñas gestantes víctimas de violación sexual, sin esperar una solicitud formal de la niña gestante o de su representante.
En cumplimiento del mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo ha instado al Ministerio de Salud que se garantice la atención y un seguimiento médico especializado para una gestante de tan corta edad, cuyo cuerpo no está biológicamente preparado para un embarazo, lo que eleva el riesgo de morbilidad y mortalidad materna; y, ha exhortado al Viceministerio de Salud Pública disponga de manera inmediata las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad funcional que este caso amerita y aplicar las sanciones que correspondan ante la falta de debida diligencia en el accionar del personal médico.
Asimismo, hemos exhortado al Programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a brindar el acompañamiento necesario para salvaguardar el interés superior de la niña, así como a evaluar el traslado de ella y de su hermana de ocho años —ambas actualmente albergadas por encontrarse en situación de abandono— hacia un Centro de Acogida Residencial Especializado en la ciudad de Lima, considerando que ambas han sido víctimas de violencia sexual por su entorno cercano (padrastro) y atendiendo al principio de unidad familiar.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo mantiene su rol supervisor para asegurar que las entidades competentes no revictimicen a la menor por falta de celeridad y cumplan con sus obligaciones de brindar atención integral, especializada y sobre todo oportuna a las niñas víctimas de violencia, impulsando intervenciones integrales que permitan detener de manera efectiva el ciclo de violencia, abandono y exclusión que afectan especialmente a nuestros niños niñas y adolescentes.
