Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a reforzar la protección de la Amazonía peruana frente a la persistente pérdida de bosques
El Perú conmemorará este 12 de febrero, por segundo año consecutivo, el Día de la Amazonía Peruana, establecido a inicios del año pasado mediante Ley 32253. Ante ello, la Defensoría del Pueblo reafirma la importancia estratégica de esta importante parte de nuestro territorio, tanto por su función invaluable en el equilibrio ambiental y la mitigación del cambio climático, como en la conservación de nuestra diversidad biológica y cultural. Además, advierte la necesidad imperante de que el Estado peruano refuerce las labores de lucha contra las distintas actividades criminales que amenazan a nuestros bosques, como la deforestación y la minería ilegal, así como los incendios forestales.
Cabe indicar que el Perú se encuentra en el décimo lugar en el ranking de países con mayor densidad forestal, con más de 670 mil kilómetros cuadrados que constituyen casi la mitad de nuestro territorio. Además, constituye el territorio ancestral de 44 pueblos indígenas, cuya identidad cultural, medios de vida, ecosistemas y derechos colectivos dependen directamente de la integridad de los bosques.
Sin embargo, a pesar de la gran importancia de nuestra Amazonía, la Defensoría del Pueblo ha advertido que la pérdida de bosques continúa siendo una problemática estructural. De acuerdo con información oficial del Ministerio del Ambiente, entre 2001 y 2024, el Perú ha perdido más de 3,2 millones de hectáreas de bosques amazónicos, registrándose picos críticos como en el año 2020. Ante ello, la institución ha señalado que la minería ilegal y la minería informal continúan generando impactos severos sobre los bosques, los recursos naturales y la salud de la población, a lo que se suma el limitado accionar de las direcciones regionales de energía y minas, tal como fue advertido en el año 2025 a través del Informe Defensorial 234, denominado “Supervisión de las funciones de las DREM y GREM en la gestión de la MAPE: Diagnóstico, desafíos y propuestas para una nueva normativa.”
Otra problemática es la creciente afectación por incendios forestales, cuya recurrencia e intensidad se han incrementado en los últimos años. Según información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entre los años 2017 y 2024 se han registrado más de 759 mil hectáreas afectadas por incendios forestales, siendo el año 2024 uno de los períodos más críticos. En la misma línea, la deforestación en la Amazonía peruana también responde a un modelo de ocupación y desarrollo territorial que, en muchos casos, se ha implementado sin una adecuada planificación, control ni evaluación ambiental.
Finalmente, para la Defensoría del Pueblo también resulta fundamental la protección de los derechos de la población amazónica. Por ello, el año pasado tuvo lugar la Segunda Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en Iquitos, que reunió a delegaciones de comunidades de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Huánuco, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. Dicho evento constituyó el corolario de una serie de reuniones sostenidas a lo largo del año 2025, tanto en comunidades amazónicas como andinas, orientadas a fortalecer la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, en el marco de la defensa de sus derechos fundamentales y la reducción de las brechas históricas de desigualdad que los afectan.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reafirma su rol constitucional de supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia ambiental, así como su compromiso con la defensa de los derechos de las poblaciones que dependen directamente de la Amazonía.