Defensoría del Pueblo exhorta al INPE a evitar contagio masivo de covid-19 en Establecimiento Penitenciario Transitorio de Lima
- Capacidad de albergue es de 60 personas y población actual asciende a 115.
- No hay zonas de aislamiento para quienes tienen síntomas del coronavirus.
La Defensoría del Pueblo exige al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) salvaguardar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, así como del personal que labora en el establecimiento penitenciario transitorio de Lima, conocida como la carceleta, ubicado en el sótano de la sede central del Ministerio Público.
El lugar, que alberga a las personas con mandato de prisión preventiva y a las condenadas a pena de cárcel efectiva, es un ambiente propenso a la proliferación del COVID-19, debido a la falta de higiene y condiciones de hacinamiento, explicó el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.
A la fecha, agrega, las 115 personas privadas de su libertad que aguardan ser clasificadas para ser trasladadas a los penales de Lima están recluidas en los cinco ambientes que conforman dicho lugar, lo que sobrepasa su capacidad de albergue, sin que el INPE adopte las medidas correctivas al respecto. Esta grave situación coloca en estado de vulnerabilidad, no solo a los internos e internas, sino también al personal penitenciario que continúa laborando durante la declaración de emergencia.
Por ello, exhortamos al INPE a adoptar, con carácter de urgencia, la asignación de un equipo médico en el referido centro, así como la adopción de medidas que sean necesarias para que se lleven a cabo las clasificaciones pendientes en el establecimiento penitenciario transitorio de Lima. Ello garantizará su continuidad en lo posterior, a efectos de evitar situaciones que pongan en alto riesgo a las personas privadas de su libertad y trabajadores penitenciarios.
La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades a asumir su compromiso y obligación de garantizar el derecho a la salud y dignidad de toda la población penitenciaria a nivel nacional, así como a brindar condiciones laborales adecuadas al personal penitenciario, en concordancia con la Constitución Política del Perú y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Estado ha asumido.