Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Justicia a restablecer la atención presencial en la región Ayacucho del servicio de defensa pública para garantizar acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad y población quechuahablante
- La actuación defensorial advirtió que la suspensión de atención presencial por más de siete meses afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad y población quechuahablante.
En una actuación orientada a garantizar el derecho de acceso a la justicia, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho advirtió limitaciones en el acceso al servicio de defensa pública debido a la suspensión prolongada de la atención presencial en la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ayacucho, que actualmente brinda atención únicamente bajo modalidad virtual y telefónica.
La intervención defensorial se realizó luego de recibirse diversas quejas ciudadanas relacionadas con dificultades de acceso al servicio de defensa pública, principalmente por la falta de respuesta en las líneas telefónicas y la imposibilidad de acceder oportunamente a orientación o patrocinio legal.
Durante la supervisión, la Defensoría del Pueblo conoció el caso de una usuaria que estuvo en riesgo de afrontar una audiencia penal sin defensa técnica adecuada, situación que pudo ser atendida gracias a la intervención inmediata de la institución.
Asimismo, durante la diligencia se recogieron testimonios de personas afectadas por la falta de atención presencial, entre ellas una ciudadana quechuahablante que acudió reiteradamente a la sede institucional sin recibir orientación ni atención. En ese contexto, la institución alertó que las actuales limitaciones en el acceso al servicio afectan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad y con dificultades para el uso de herramientas tecnológicas.
La Defensoría del Pueblo también verificó que la suspensión de la atención presencial estaría vinculada a trabajos de reparación de infraestructura en la sede ubicada en la avenida 26 de Abril. No obstante, observó que, pese al tiempo prolongado de ejecución de dichas obras, no se habrían implementado medidas alternativas adecuadas para garantizar la atención presencial de la ciudadanía ni se habría informado sobre el plazo previsto para el restablecimiento del servicio. Asimismo, se constató que los pisos superiores del inmueble vienen siendo utilizados como depósitos de mobiliario, sin haberse evaluado su habilitación temporal para la atención al público.
Frente a ello, la institución recomendó implementar medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad efectiva del servicio, incluyendo mecanismos alternativos de atención presencial mientras duren los trabajos de reparación, así como medidas con enfoque intercultural que aseguren una atención adecuada a la población quechuahablante.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhortó a brindar información clara, oportuna y accesible sobre los canales y modalidades de atención disponibles, así como sobre la fecha de restablecimiento de la atención presencial plena.
La Defensoría del Pueblo reafirma así su compromiso de supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y de continuar actuando para contribuir a que todas las personas ejerzan plenamente su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.