Defensoría del Pueblo exhorta para que el retorno a clases presenciales sea en el más breve plazo e insta al Poder Ejecutivo evitar futuras suspensiones que no cuente con un abordaje integral que sustente adecuadamente dicha medida

Ante el reciente anuncio del Poder Ejecutivo sobre el retorno a clases presenciales en Lima Metropolitana y el Callao, la Defensoría del Pueblo exhorta a que dicho retorno se concrete en el más breve plazo, en resguardo del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. No obstante, considera indispensable advertir que toda medida futura que implique alterar, restringir o suspender la presencialidad debe ser evaluada con estricta razonabilidad y proporcionalidad, desde una adecuada ponderación constitucional que coloque en el centro el interés superior del niño, tomando en cuenta de manera real y efectiva las consecuencias que dichas decisiones generan sobre su aprendizaje, bienestar integral, desarrollo emocional y permanencia en el sistema educativo.
En esa línea, recordamos que el Ministerio de Educación, como ente rector de la política educativa nacional, debe sustentar sus disposiciones en criterios objetivos, técnicos y jurídicamente suficientes, proscribiendo toda actuación arbitraria. La experiencia ha demostrado que el paso repentino a la virtualidad no solo compromete la continuidad del servicio educativo, sino que además reactiva problemas logísticos, tecnológicos y sociales que el país aún no ha superado plenamente.
Ello afecta con mayor intensidad a estudiantes en situación de vulnerabilidad, a aquellos con discapacidad o necesidades educativas especiales, y a familias que no cuentan con conectividad, dispositivos adecuados o condiciones mínimas para asegurar una educación remota de calidad. Tal como ha advertido Unicef, la interrupción de la presencialidad trae efectos negativos sobre los logros de aprendizaje y el bienestar de la niñez y adolescencia. A ello se suma el impacto en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que el país acaba de atravesar el prolongado confinamiento ocasionado por la COVID-19, cuyas secuelas emocionales, sociales y psicológicas aún persisten y no pueden ser desatendidas por las autoridades al momento de adoptar decisiones que incidan directamente en su desarrollo integral.
Cabe recordar, además, que tras nuestra supervisión a la estrategia «Aprendo en casa» se concluyó que muchos estudiantes abandonaron el sistema educativo y se registró un grave retroceso en los aprendizajes. En ese contexto, resulta especialmente relevante advertir que la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, que dispuso la virtualidad, señaló que la decisión se adoptaba a fin de asegurar la continuidad del servicio educativo, reducir los riesgos asociados a la contingencia y adecuar su prestación a las condiciones derivadas de la emergencia del suministro de gas natural; sin embargo, no se evidenció una relación directa y suficientemente justificada entre el desabastecimiento de gas y la necesidad de suspender la presencialidad.
Asimismo, frente a la crisis externas relacionados al abastecimiento de hidrocarburos que comprometan servicios esenciales, el Estado debe asegurar que las empresas y sectores estratégicos del país cuenten con la fortaleza operativa, capacidad de previsión y mecanismos de contingencia necesarios para responder oportunamente ante eventuales interrupciones o situaciones críticas. La adecuada gestión de estas actividades resulta fundamental para preservar la continuidad de servicios que impactan directamente en la vida de la población.
No puede admitirse que deficiencias de planificación, fragilidades en la cadena de suministro o fallas en la respuesta de sectores estratégicos terminen trasladando sus efectos a derechos fundamentales como la educación. En esa línea, frente al problema del desabastecimiento de hidrocarburos, exhortamos a las autoridades competentes a garantizar su abastecimiento mediante una planificación eficiente, oportuna y responsable, en articulación con nuestra empresa estatal PETROPERÚ, por tratarse de un actor estratégico cuya actuación resulta clave para reducir riesgos, asegurar continuidad en el suministro y evitar que nuevas contingencias perjudiquen a la población.
En consecuencia, corresponde al Poder Ejecutivo adoptar decisiones integrales y preventivas, orientadas no solo a enfrentar la emergencia inmediata, sino también a fortalecer la resiliencia de aquellas actividades cuya estabilidad resulta indispensable para evitar afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía.
