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Defensoría del Pueblo exige a autoridades regionales no contratar a docentes denunciados por violencia sexual en colegios de comunidades indígenas de Amazonas y Loreto

10:30 am 22/02/2023

La Defensoría del Pueblo exhortó a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, en Amazonas, y Datem del Marañón, en Loreto, disponer de manera inmediata que los comités de contratación de docentes verifiquen que los postulantes no se encuentren inscritos en el registro de personas procesadas o condenadas por los delitos de violación de la libertad  sexual, a fin de evitar que sean contratados, tal como fue denunciado en diversas comunidades Wampís.

Asimismo, pidió la separación inmediata de los docentes contratados o nombrados que se encuentren incursos en la misma situación, tal como se encuentra establecido en la Ley 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el registro de personas condenadas o procesadas por terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del código penal y en su reglamento.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha remitido comunicaciones formales a los directores de las referidas UGEL, a fin de dar a conocer la denuncia de miembros de la organización indígena Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, quienes expresaron  su indignación por la participación de docentes denunciados por abuso sexual contra niñas y adolescentes, en el proceso de contratación de docentes para el año escolar 2023 en diversos planteles escolares de comunidades Wampís.

La institución recordó las medidas de carácter preventivo que deben adoptarse en caso de docentes o personal administrativo que tengan denuncias por diversos delitos, entre ellos el de violencia sexual, que hayan sido presentadas ante la Policía Nacional o el Ministerio Público, precisando que una de ellas es la separación del docente a fin de evitar que tenga un nuevo acercamiento con su presunta víctima o con los demás niños, niñas y adolescentes de la institución educativa.

Sobre el particular, en el 2018, la institución emitió el informe n.°07-2018-DP/AAE sobre los mecanismos de protección frente a actos de hostigamiento y violencia sexual en las escuelas, el mismo que analiza y precisa las medidas preventivas que deben aplicar las instituciones educativas para evitar la permanencia y contratación de docentes denunciados por conductas que afectan la libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes. En base a ello, la institución considera inaceptable la contratación y permanencia de docentes que registran denuncias o sanciones por conductas que afectan los derechos fundamentales de la población estudiantil y los expone a situaciones de permanente riesgo para su integridad física, psicológica y sexual.

En ese marco, en los procesos de concurso público para la contratación, nombramiento o designación del personal docente, la UGEL o la autoridad educativa correspondiente debe verificar si él o la postulante se encuentra en el Registro de Personas Procesadas o Condenadas por Delito de Terrorismo, Apología del Terrorismo, Delitos de Violación de la Libertad Sexual y Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y, de ser así, no debe procederse con el acto administrativo de contratación, bajo responsabilidad penal de quien lleve a cabo dicha función.

En esa línea, es importante recordar que el Estado tiene la obligación de investigar debidamente los hechos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, en especial la violencia sexual hacia ellas/os, que se hayan perpetrado en los diversos espacios en los que transcurren sus vidas – entre ellos, la escuela- y, de ese modo, evitar que los/as agresores/as queden en un estado de impunidad. Además, el Estado tiene la obligación de garantizar que el personal docente tenga los requisitos de idoneidad respectivos para evitar vulneraciones a los derechos de las y los estudiantes y evitar que dichos hechos de violencia sexual sean reiterados. Por consiguiente, corresponde a las autoridades educativas de todos los niveles de gobierno, cumplir con dichas obligaciones para garantizar su integridad física, psicológica y sexual, su desarrollo y bienestar integral, así como el interés superior de las y los estudiantes.

Además, es importante que en este contexto las UGEL Condorcanqui y Datem del Marañón realicen todas las coordinaciones necesarias a fin de verificar la situación actual de las presuntas víctimas a para que se les garantice la asistencia legal, psicológica y social que requieren, y que su continuidad educativa no se vea afectada.

Como parte de los oficios remitidos, también se hizo referencia a los alcances del Informe n.° 002-2017-DP/AMASPPI/PPI, denominado “Condiciones para garantizar el derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas”, elaborado por la institución , en el que se advierte la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y adolescentes indígenas víctimas de delitos hostigamiento y violación sexual perpetrados por personal docente, más aún cuando persisten  diversas barreras que impiden un acceso oportuno a la justicia. Ante ello, la Defensoría del Pueblo también pidió implementar medidas contundentes de lucha contra la impunidad que afecta a las víctimas.

Finalmente, la institución continuará vigilando el cumplimiento de las normas establecidas para una adecuada contratación docente en escuelas EIB que redunde positivamente en el ejercicio del derecho a la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas y una vida libre de violencia de los niños, niñas y adolescentes indígenas.