Defensoría del Pueblo exige a cuatro gobernadores regionales y a seis alcaldes culminar obras de saneamiento paralizadas e inconclusas.

Institución supervisó 19 proyectos de agua y saneamiento.Defensoría del Pueblo exige a cuatro gobernadores regionales y a seis alcaldes culminar obras de saneamiento paralizadas e inconclusas.
- La entidad insta al Ministerio de Vivienda a culminar las obras de agua y desagüe de la Urbanización San Carlos, del distrito José Leonardo Ortiz en Chiclayo, y de los centros poblados de Huanchaquito y el Trópico en La Libertad.
- Se recomienda al Ministerio Público aplicar una estrategia de intervención contra la corrupción oportuna, rápida y especializada.
La Defensoría del Pueblo demandó a los gobernadores regionales de Apurímac, Huánuco, Tumbes, Pasco y a los alcaldes de las municipalidades provinciales de Chiclayo y Lambayeque, así como a los burgomaestres distritales de Huanchaco, Paiján, Pítipo y José Leonardo Ortíz, culminar la ejecución de 12 proyectos de agua y saneamiento que -a la fecha- se encuentran en situación de paralizados e inconclusos, lo que afecta a más de 330 mil personas que habitan dichas localidades.
Al presentar los resultados del Informe Defensorial N° 170: El derecho humano al agua y saneamiento. El control del gasto público en la ejecución de infraestructura de acceso, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, informó que se han supervisado 19 proyectos de agua y alcantarillado ubicados en siete regiones del país, los cuales representan un presupuesto de más de 275 millones de soles. De ellos, 12 se encuentran inconclusos o paralizados y tienen un promedio de retraso de 43 meses en su culminación.
Al respecto, Vega señaló que “se requiere realizar ajustes a los mecanismos de control y vigilancia del gasto público que emplean la Contraloría General de la República y el Ministerio de Vivienda en los proyectos que financia directamente, para detectar oportunamente ineficiencias en la gestión o malos manejos en los recursos públicos y establecer responsabilidades y sanciones por posibles actos de corrupción en un aspecto tan sensible para la población más pobre como es el acceso al agua.”
Según el Informe Defensorial N° 170, las principales causas de la paralización o demora de las obras de saneamiento inconclusas son las deficiencias en los expedientes técnicos que se aprueban sin el debido sustento, incrementando el costo inicial del proyecto, así como el incumplimiento de obligaciones por parte de las empresas contratistas y de las entidades. (Ver nota completa)
