Defensoría del Pueblo exige auditoría médica e investigación urgente por parte de Susalud en caso de presunta negligencia en hospital de Casma
- Se exhorta garantizar el acceso a la información requerida, identificar al personal interviniente y adoptar medidas ante posibles faltas administrativas o penales.
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote solicitó con carácter urgente a la Red de Salud Pacífico Sur y al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma la inmediata realización de una auditoría médica y la adopción de medidas administrativas ante la denuncia pública por una presunta negligencia en la atención de una gestante, que habría derivado en la muerte de su hijo antes de nacer.
A través de imágenes difundidas en medios locales y redes sociales, se pudo conocer el testimonio del esposo de la paciente quien indicó que su ingreso al servicio de emergencia se produjo con nueve meses de gestación y en medio de fuertes dolores abdominales, pero habría permanecido sin una adecuada atención médica durante varias horas. Posteriormente, habría sido sometida a una cesárea de emergencia, donde se reportó la presunta ausencia del médico anestesiólogo designado para ese turno, produciéndose el fallecimiento del feto.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la sede defensorial en Chimbote remitió comunicaciones formales a ambas entidades, recordando que la atención oportuna y de calidad a gestantes es una obligación del Estado. Asimismo, recordó que conforme a la Directiva Sanitaria n.° 084-MINSA/2019/DGIESP, los comités de prevención de mortalidad materna, fetal y neonatal deben analizar estos casos y remitir los informes correspondientes dentro de plazos establecidos.
Como parte de la intervención en este caso, se exhortó a las autoridades de salud a garantizar el acceso a toda la información necesaria para esclarecer los hechos y a identificar plenamente al personal médico involucrado, dado que algunos no portaban fotochek, como se señala en la denuncia pública. De otro lado, también se solicita la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) a fin de que puedan aplicarse las sanciones administrativas y, de corresponder, activar procedimientos penales, de comprobarse abandono de funciones u otras infracciones.
Así lo señaló Roslin Villanueva, coordinadora del Módulo Defensorial de Chimbote, quien recordó que las mujeres gestantes forman parte de un grupo de especial protección y que hechos como los reportados deben ser investigados con la mayor celeridad, transparencia y diligencia, en resguardo del derecho a la vida y la salud de las personas. Además, la representante de la Defensoría del Pueblo precisó que viene haciendo seguimiento a la investigación iniciada por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal de Casma, a fin de que pueda ser dirigida con celeridad.