Defensoría del Pueblo exige el esclarecimiento de presuntas irregularidades formuladas respecto a la adjudicación del Proyecto de Ampliación del penal de Arequipa
Ante la información difundida por diversos medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del “Proyecto de Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa” al Consorcio Infra Penal Arequipa, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación y demanda el esclarecimiento inmediato de los hechos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el uso de los recursos públicos destinados a la ejecución de obras penitenciarias y a recibir garantías de que estos proyectos se desarrollan conforme al marco normativo vigente, con pleno respeto a los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas.
La cuantía de los recursos públicos involucrados y la relevancia de este proyecto para garantizar condiciones dignas, obligan a que cualquier cuestionamiento sobre el proceso de selección, la participación de empresas contratistas o posibles conflictos de interés sea investigado con rigurosidad, transparencia y celeridad.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Contraloría General de la República, al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio Público a adoptar las acciones que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de determinar si existieron irregularidades y establecer, de ser el caso, las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos investigados.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de supervisar la actuación de la administración pública y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos, reafirma su compromiso de dar seguimiento a las actuaciones de las entidades competentes, supervisando las investigaciones que permitan esclarecer plenamente los hechos difundidos y contribuyan al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.