Defensoría del Pueblo exige investigación rigurosa ante denuncia de presunta red que facilitaba la salida irregular de menores de edad del país

La Defensoría del Pueblo, habiendo tomado conocimiento, a través de un reportaje difundido por Latina Noticias, sobre la presunta existencia de una red que habría facilitado la salida irregular de niños y adolescentes del territorio nacional, con la supuesta participación de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones que habrían recibido miles de dólares a cambio de permitir estos desplazamientos, expresa su profunda preocupación y rechaza categóricamente cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad, seguridad y derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia.
La gravedad de los hechos denunciados exige una respuesta inmediata y contundente de las autoridades competentes. Resulta especialmente preocupante que servidores públicos, cuya responsabilidad es garantizar el cumplimiento de los controles migratorios y las medidas de protección, puedan estar involucrados en prácticas que habrían facilitado la salida irregular de menores de edad, exponiéndolos a situaciones de extrema vulnerabilidad y posibles delitos como la trata de personas.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo exhorta:
- Al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, a realizar investigaciones exhaustivas, céleres y diligentes que permitan esclarecer los hechos, identificar a todos los presuntos responsables y determinar la posible existencia de otros delitos vinculados, especialmente aquellos que afecten los derechos de niños y adolescentes.
- A la Superintendencia Nacional de Migraciones, a disponer las investigaciones administrativas correspondientes, colaborar plenamente con las autoridades competentes y revisar los mecanismos de control y verificación de la salida del país de menores de edad, a fin de identificar posibles irregularidades y prevenir su repetición.
- Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con las instituciones competentes, a adoptar las medidas necesarias para identificar a los niños y adolescentes que pudieran haber resultado afectados, evaluar su situación de riesgo y garantizar, cuando corresponda, su protección integral, atención especializada y restitución de derechos.
Asimismo, recordamos que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado peruano a adoptar medidas para prevenir el traslado ilícito de niños y adolescentes al extranjero, así como protegerlos frente a cualquier forma de explotación, abuso o trata de personas.
La salida irregular de una niño o adolescente del país no puede ser tratada únicamente como una infracción migratoria. Cuando existen indicios de la participación de redes organizadas y posibles actos de corrupción, corresponde investigar también los riesgos y las eventuales vulneraciones de sus derechos.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso de supervisar la actuación de las entidades competentes y promover que las investigaciones y medidas de protección se desarrollen con la debida diligencia, priorizando el interés superior del niño.
