Defensoría del Pueblo exige investigación sobre graves hechos ocurridos en La Convención, Cusco.

Ante saldo de nueve personas heridas.Defensoría del Pueblo exige investigación sobre graves hechos ocurridos en La Convención, Cusco.
- Entre los heridos se encuentra una niña de un año de edad y mujer con 9 meses de gestación.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó hoy su profunda preocupación por los sucesos ocurridos en la víspera en la localidad de Kepashiato – Región Cusco, y que han dado como resultado nueve personas heridas producto del uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas del Orden que operan en la zona del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
El funcionario informó que los miembros de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en el Cusco se han trasladado hasta la localidad de Quillabamba, Provincia de la Convención, donde han tomado contacto con los heridos, que fueron llevados al Hospital de la zona. La siguiente, es la relación de personas heridas:
Por su parte, el Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en el Cusco, Silvio Campana, informó que los testimonios de las personas heridas difieren de la información proporcionada públicamente por las autoridades militares. Por ello, se ha recomendado que el Ministerio Público tome las respectivas declaraciones a los heridos y que se realicen las pruebas de absorción atómica necesarias para las investigaciones respectivas.
“Se debe realizar una investigación profunda e imparcial con todas las garantías necesarias que permitan determinar las circunstancias reales en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades a que hubiera lugar. La población de La Convención espera una respuesta de las autoridades frente a la gravedad de este suceso”, acotó Campana, al tiempo de solicitar que se asegure la atención médica integral de todas las personas heridas.
La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades de las Fuerzas del Orden en la zona del VRAEM a establecer protocolos de intervención contra los delincuentes terroristas y nacotraficantes que contemplen mecanismos de seguridad para la población civil y, que estén dirigidos a proteger y asegurar la presencia del Estado en dicha zona, como requisito indispensable para la convivencia pacífica, democrática, dentro del respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. (Ver nota completa)
