Defensoría del Pueblo exige reevaluar designación de ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Ante los cuestionamientos por la designación del señor Javier Fernando Arce Alvarado en el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego, la Defensoría del Pueblo, en atención a su mandato constitucional de proteger los derechos de las personas y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, expresa lo siguiente:

1. Diversos medios de comunicación han denunciado que el ministro Arce estaría siendo investigado por la presunta comisión de diversos delitos e, incluso, habría ingresado en un centro penitenciario por la comisión del delito de usurpación. Esto último ha sido confirmado por el propio funcionario luego de la difusión de esta información en la prensa.
2. Esto se ve agravado debido a que el referido funcionario, en la declaración jurada exigida por la Ley n.^o 31457 de forma previa a asumir el cargo ministerial, negó tener o haber tenido investigaciones fiscales y condenas en su contra.
3. La consignación de esta información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito, sino una grave afectación del principio de transparencia, un obstáculo para el control ciudadano de las decisiones públicas y, en definitiva, un actuar opuesto a los valores que debe representar un ministro de Estado.
4. Sumado a ello, ya en el Oficio n.° 0135-2022/DP, del 24 de mayo de 2022, dirigido al presidente del Consejo de Ministros, advertimos que el ministro Arce no contaba con la formación y experiencia específicas en el sector que le permita liderar la respuesta estatal frente a la inminente crisis alimentaria que afectará a las personas más necesitadas.

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros reevalúen la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en tan importante cargo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población.