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Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por decisión de Fiscalía de cambiar calificación de delito de feminicidio a homicidio

11:18 am 18/12/2017

Con respecto a caso ocurrido en agosto del presente añoLambayeque: Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por decisión de Fiscalía de cambiar calificación de delito de feminicidio a homicidio

  • 2° Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, a cargo de la investigación del asesinato de K. G. D. y su hija, decidió celebrar un acuerdo de terminación anticipada en el que modifica la calificación del tipo penal de feminicidio agravado a homicidio calificado.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación tras conocer que la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, en contradicción con los estándares internacionales asumidos por el Estado peruano relativos a la investigación de muertes violentas de mujeres por motivos de género, haya celebrado un acuerdo de terminación anticipada con el imputado del asesinato de la ciudadana K. G. D., y haya decidido modificar la calificación del tipo penal feminicidio agravado –cuya pena mínima es 25 años- a uno más leve -homicidio calificado, cuya pena mínima es de 15 años-, sin valorar adecuadamente el contexto en el que ocurrió el delito.

Es importante recalcar que la Oficina Defensorial (OD) de Lambayeque, en el marco de sus competencias, al tomar conocimiento del caso en agosto del presente año, se acercó al Ministerio Público de la localidad para recabar información y hacer las diligencias correspondientes. Tras ello, las respuestas obtenidas en principio por la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, y luego por la 2° Fiscalía Provincial Penal del mismo lugar, fueron siempre negativas a cualquier solicitud y aporte realizado por nuestra institución.

Cabe señalar, además, que a través del Informe N°173-2015-DP denominado “Feminicidio íntimo en el Perú, análisis de expedientes judiciales (2012-2015)”, la Defensoría del Pueblo ha identificado que el uso de la terminación anticipada es riesgosa, ya que puede llevar a que se conviertan en instrumentos de impunidad. En el presente caso, a través de su utilización no sólo se está calificando el hecho de forma diversa a la que corresponde sino que se está reduciendo la pena, incluso menos del mínimo legal.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su preocupación relativa a la falta del deber de diligencia que algunos operadores jurídicos cometen cuando investigan hechos relacionado a feminicidios y al incumplimiento al deber de cooperación que las instituciones públicas tienen frente a nuestra institución.