Defensoría del Pueblo: gobiernos regionales deben fiscalizar gratuidad de la enseñanza en colegios públicos

• Se recordó a entidades su rol en impedir que se exija cobros por matrículas y otros procesos que son gratuitos.

Al encontrarnos en el periodo previo al inicio de año escolar 2021, la Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos regionales a fiscalizar el derecho a la gratuidad de la educación y el acceso a este servicio en igualdad de oportunidades durante el proceso de matrícula que viene desarrollándose en todas las instituciones educativas públicas.

El pedido formó parte de las recomendaciones dirigidas a los 25 gobiernos regionales, en las que se recordó las competencias que tienen en garantizar el derecho a la educación y la adecuada prestación del servicio educativo en cada una de sus jurisdicciones. En ese sentido, se precisó que las instituciones educativas públicas no deben efectuar cobros, requerimientos ni condicionamientos de ningún tipo, ni pedir a las familias documentos o requisitos no establecidos en las normas.

En los documentos dirigidos a las autoridades regionales, se indicó que la Ley General de Educación establece que la Dirección Regional de Educación (DRE) es responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. A su vez, que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) debe garantizar la continuidad del servicio educativo y del desarrollo del proceso pedagógico.

Por ello, a fin de garantizar las condiciones óptimas para el buen inicio y desarrollo del año escolar, se recomendó a los gobiernos regionales que, a través de las DRE y las UGEL, efectúen las acciones para asegurar la disponibilidad del personal docente y de los materiales educativos para las y los estudiantes de educación básica. 

Respecto a la contratación del personal docente, se recomendó que las UGEL realicen oportunamente el proceso de contratación para cubrir las más de 110 000 plazas que se encuentran vacantes en los colegios públicos de educación básica. Asimismo, que se cumpla con distribuir los materiales educativos a los distintos planteles mediante le ejecución de los más de 51 millones de soles que han sido asignados para la contratación de servicios de transporte de materiales.

Alicia Abanto, adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, hizo un llamado también a que los procesos de matrícula y enseñanza que se desarrollen de manera virtual en las regiones consideradas en nivel de alerta extrema por sus altos índices de contagios de COVID-19, no excluyan a la población de zonas rurales o de difícil acceso a los servicios de internet y telecomunicación, así como en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo ha solicitado a los 25 gobiernos regionales que, antes del 15 de marzo, fecha de inicio del año escolar, informen sobre el desarrollo y culminación de los procesos de matrícula, contratación docente y distribución de materiales educativos en las instituciones educativas públicas ubicadas dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo viene exigiendo la adopción de medidas en distintos ámbitos, a fin de evitar situaciones que perjudiquen el derecho a la educación en tiempos de pandemia. En enero, la entidad pidió al Ministerio de Educación mejorar la estrategia educativa a fin de prevenir el abandono y la deserción escolar. Ello, luego que los resultados de una supervisión permitieron conocer que más de 373 000 estudiantes de colegios públicos no accedieron a la estrategia “Aprendo en casa”. Además, a inicios de este mes también se instó al Ministerio de Educación y a las UGEL a garantizar el servicio educativo a distancia a favor de más de 1 800 000 estudiantes de colegios privados de todo el país, en condiciones de calidad.