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Defensoría del Pueblo: Hospital Regional de Tumbes debe garantizar atención gratuita a mujeres migrantes víctimas de violencia

3:51 pm 22/07/2021

  • Tras exigirse pago a víctima de intento de feminicidio, se recordó alcances de Ley 30364 que señala que atención pública debe ser gratuita

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes instó a las autoridades del Hospital Regional de Tumbes a garantizar la gratuidad en los servicios de salud que deben brindar a favor de las víctimas de violencia, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. El pedido fue dirigido tras lograr que el nosocomio atienda, sin cobro alguno, a una ciudadana extranjera que había sido víctima de tentativa de feminicidio.

Según se explicó, en el hospital se habría exigido inicialmente a la víctima el pago de una suma de dinero, al no contar con seguro de salud por su situación migratoria irregular. Al tomar conocimiento del caso, a través de familiares de la agraviada, personal de la sede defensorial en la región fronteriza se comunicó con el área de afiliaciones del hospital, donde confirmaron que no podían atender a la ciudadana al no contar con carnet de extranjería.

Ante la gravedad del estado de salud de la ciudadana, la jefa de la oficina defensorial, Danitza Zevallos, recordó al personal del Hospital Regional de Tumbes que el Estado debe garantizar la gratuidad de la atención en los establecimientos de salud para mujeres víctimas de violencia, tal como se establece en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contras mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Además, en comunicación simultánea con el director regional de salud y con el director del nosocomio, se les instó a disponer que la ciudadana extranjera sea atendida de manera integral hasta su total recuperación.

Tras lograr que la víctima reciba atención oportuna y gratuita, la oficina defensorial exigió al Hospital Regional de Tumbes capacitar a su personal sobre el derecho a la salud que asiste a las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. “Este derecho debe ser garantizado sin hacer distinciones de nacionalidad ni de cualquier otra índole”, precisó la representante de la Defensoría del Pueblo.