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Defensoría del Pueblo: imposibilidad de atención en los servicios de salud de Lima es inminente

5:51 pm 20/05/2020

A los 66 días de iniciada la declaratoria de emergencia por COVID-19, la Defensoría del Pueblo cumple con comunicar a la opinión pública, de acuerdo a la información recopilada por nuestras Oficinas Defensoriales, que el sistema de salud en Lima y Callao se encuentra bajo una inmensa presión, habiéndose agravado los problemas sanitarios:

SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:

  1. En los establecimientos de salud faltan equipos de bioseguridad para el personal, camas UCI, ventiladores mecánicos, oxígeno, pruebas de descarte, entre otros dispositivos e insumos. La ausencia de pruebas de descarte se agudiza en los establecimientos de salud de Barranca, Huacho y Supe (Diresa Lima Provincias). De otro lado, ejemplos de escasez de insumos, es lo que ocurre en el Hospital Loayza (Diris Lima Centro), donde 60 pacientes pernoctan en sillas de ruedas, compartiendo el oxígeno, en turnos de 12 horas cada uno y, por otra parte, la falta de recursos humanos y material de bioseguridad en el Hospital Uldarico Rocca y en el Hospital Luis Negreiros (Callao), ambos de ESSALUD.

 

  1. Los hospitales de la Diris Lima Norte, como Cayetano Heredia, Sergio Bernales Collique (Comas) y Lan Franco la Hoz (Puente Piedra), están hacinados y colapsados, no existiendo capacidad resolutiva para atender pacientes. En Lima Sur, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el hospital María Auxiliadora (Diris LIMA SUR), igualmente, han colapsado. También el Hospital Guillermo Almenara (ESSALUD) en el distrito de La Victoria. Este último nosocomio muestra dificultades para atender a pacientes con necesidad de operación quirúrgica, por falta de pruebas de descarte COVID-19.

 

  1. En los Hospitales de la capital y del Callao, existen largas listas de personas que están a la espera de la visita de los “equipos de atención rápida” y, a pesar de los síntomas que presentan, no se les hace ningún monitoreo presencial. Lo más grave es que ni siquiera priorizan la atención cuando la persona que demanda el servicio señala que ha perdido a un familiar por COVID-19, siendo este un factor de alto riesgo de contagio.

 

  1. En el Hospital Cayetano Heredia (Diris Lima Norte) existe pérdida de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. Este grave hecho fue puesto en conocimiento, oportunamente, por la Defensoría del Pueblo a la dirección del Hospital sin que, hasta la fecha, se corrija el precario proceso de identificación de fallecidos, lo cual potencia la posibilidad de contagio entre los familiares que buscan en el mortuorio o en ambientes destinados para la refrigeración de los cadáveres.

SOBRE LA ARTICULACIÓN CON LAS CLÍNICAS PRIVADAS:

En el año de la universalización de la salud y encontrándonos en plena pandemia, es imperativo un nivel de articulación eficiente entre el Ministerio de Salud (MINSA), que determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, ESSALUD, Fuerzas Armadas, Sanidad de la PNP, clínicas privadas e instituciones público-privadas. Sin embargo, en Lima y Callao, este esfuerzo no es visible ni suficiente aún. Por ejemplo, ante la atención que debió ser brindada en Cañete a un grupo de miembros de la PNP, los policías tuvieron que ser trasladados a Lima para ser atendidos por la Sanidad de la PNP. Igualmente, se recibe información de clínicas privadas con condicionamientos para atender a los pacientes con COVID-19 por emergencia.

SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES CON COVID-19:

Frente al aislamiento que sufren los pacientes de COVID-19 dentro de un Hospital, es inaceptable que los familiares no tengan información sobre su estado de salud, especialmente cuando se encuentran en situación grave, más aún cuando requieren de algún tipo de asistencia o ayuda especial porque presentan alguna discapacidad o edad avanzada. Ello ocurre en varios hospitales que justifican que por falta de personal de salud no pueden cumplir con esta obligación.

Frente a esta realidad, se requiere que se establezca un canal efectivo, con día y hora precisas, para que los familiares puedan conocer, de manera veraz, oportuna y actual, la situación de salud del paciente. Sin información, se afecta la tranquilidad y salud mental de los familiares y allegados. Es preciso recordar que el derecho al acceso a la información sobre la situación de salud es un derecho reconocido por la Ley General de Salud.

En ausencia de un protocolo de información y comunicación, en muchos nosocomios, las personas abordan al personal de vigilancia para obtener información u orientación, habiéndose observado desde nuestra institución, que estas personas, en contacto permanente con el público, carecen de implementos de protección, siendo posiblemente agentes y víctimas de contagio.

SOBRE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS:

Los medios de comunicación informan que, en las boticas y farmacias de Lima, ha aumentado el precio de los medicamentos, los cuales serían inalcanzables en pleno pico de la pandemia. Actualmente, por el hacinamiento en hospitales, las personas recurren a la consulta privada, encontrándose en la necesidad de comprar sus medicamentos. En este contexto, bajo esta urgencia, los altos precios o la escasez de los medicamentos constituyen un escollo que afecta el derecho fundamental de la salud.

En esta situación excepcional, con más de 3 mil fallecidos por COVID-19, con más de 67 mil casos confirmados en Lima y más de 104 mil en el Perú, el Ministerio de Salud debe asegurar la disponibilidad de los medicamentos que se vienen utilizando para contrarrestar los efectos de la enfermedad, tales como: azitromicina, dexametazona, hidroxicloroquina, paracetamol, entre otros. Además, debe garantizar la distribución y redistribución, de ser el caso.

Los medicamentos para pacientes crónicos y adultos mayores, no atendidos por el primer nivel de atención, deben ser entregados a través de sus familiares sin condicionar la presencia del paciente para evitar someterlo a un riesgo innecesario.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD:

La Defensoría del Pueblo reitera que es necesario el fortalecimiento de los establecimientos del nivel I-3 (centros de salud, centros médicos, centros médicos especializados y policlínicos) para la atención de la consulta externa, a través de medios de comunicación que no impliquen la atención presencial, y que el servicio de farmacia pueda ser dado a domicilio o de manera desconcentrada, teniendo en cuenta el tratamiento de los pacientes con cáncer, tuberculosis y otras enfermedades.

También, se debe mejorar la atención en el nivel I-4 (centros de salud y centros médicos con camas de internamiento) para ampliar los servicios de hospitalización para emergencias, especialmente para las gestantes.

Adicionalmente, el personal de salud que no se encuentra trabajando en los establecimientos de salud por encontrarse incluido en la población de riesgo, debe seguir prestando sus servicios a través de medios tecnológicos como la telemedicina desde el lugar de su confinamiento.

Finalmente, en defensa de los derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas, la Defensoría del Pueblo exige que las autoridades de salud dispongan medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta de los diferentes prestadores de servicios de salud y, específicamente, se disponga en Lima Metropolitana y Callao la ampliación de los servicios de salud, en base al fortalecimiento de la articulación público-privado, la información oportuna y la provisión inmediata de equipos, medicamentos, personal e insumos. Asimismo, se debe fortalecer la totalidad de servicios de salud del primer nivel de atención, con la finalidad de deshacinar los hospitales que se encuentran colapsados por la atención de las personas infectadas o sospechosas de COVID-19.