Defensoría del Pueblo informa que al mes de septiembre se han registrado 167 conflictos sociales activos.

Al presentar Reporte N°103:Defensoría del Pueblo informa que al mes de septiembre se han registrado 167 conflictos sociales activos.
- El total de conflictos sociales activos y latentes es de 238, cinco menos que el mes pasado.
- Durante el mes de septiembre surgieron ocho conflictos nuevos.
- Se resolvieron cinco conflictos sociales y se retiraron del reporte ocho casos.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 103, correspondiente al mes de septiembre del 2012, el cual da cuenta de un total de 238 conflictos sociales. De ellos, 167 son conflictos sociales activos (70,2%) y 71 se encuentran en estado latente (29,8%). Las regiones con la mayor cantidad de conflictos sociales -en septiembre- son Áncash (32) y Puno (22).
El Reporte da cuenta de cinco conflictos sociales resueltos. Dos de carácter socioambiental, el primero de ellos se ubica en Cusco, donde pobladores de la Comunidad Campesina de Uchuccarco mantenían controversias relacionadas a la concesión con la empresa minera Hudbay, quienes tras un proceso de diálogo suscribieron las actas de acuerdo. El segundo caso, que tiene lugar en Lima Provincias, involucra a la Comunidad Campesina de Oyón, mediante una Mesa de Diálogo promovida por la Defensoría del Pueblo, se llegó a un acuerdo con la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Como se recordará, la Comunidad y la Empresa se encontraban enfrentadas por el supuesto incumplimiento -por parte de la empresa- de un Convenio suscrito en el 2006.
El tercer caso resuelto, es de carácter laboral, se ubica en Lima Metropolitana, donde los Médicos de ESSALUD exigían el aumento de sus salarios. Dicho conflicto se superó con la publicación del laudo arbitral expedido por la Dirección General de Trabajo en el cual se reconocían sus asignaciones y bonificaciones.
El cuarto conflicto resuelto, de tipo electoral, se ubica en el Distrito de Huacachi – Áncash, en el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la validez del tercer proceso de elección complementaria y entregó las credenciales correspondientes a las autoridades elegidas.
El último conflicto resuelto corresponde a asuntos de gobierno nacional, e involucra a los pobladores de la Comunidad Campesina de Yanacona – Cusco, quienes cuestionaban el proyecto Aeropuerto Internacional del Cusco – Chinchero por no respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Tras la promulgación de la Ley Nº 29908, que declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles donde se ubicaría el nuevo terminal aéreo cusqueño, el conflicto fue superado.
Asimismo, el Reporte N°103, elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflcitos Sociales de la Defensoría del Pueblo, informa de ocho conflictos sociales nuevos: cinco de ellos son por diferencias de carácter socioambiental, uno por una demanda laboral, otro por demarcación territorial y uno electoral.
Uno de los conflictos socioambientales se encuentra ubicado en Cajamarca, distrito de Baños del Inca, en el que las autoridades y la población exigen que la empresa minera Yanacocha SRL respete lo dispuesto en la Ordenanza N° 051-2006-MDBI.
En Apurímac, se reportan dos casos socioambientales nuevos. El primero de ellos involucra a los pobladores del centro poblado de Tambulla, quienes exigen beneficios a la empresa First Quantum por encontrarse en la zona de influencia. En el segundo caso, los pobladores de Ccochua y Ccocha exigen una distribución más equitativa de los ingresos y empleo local generados por las actividades de extracción.
En Piura, también surgieron dos casos nuevos. En el primer caso, los pobladores del distrito la Huaca señalan una supuesta contaminación por parte de la empresa Agrícola del Chira SA. El segundo caso involucra a comuneros y pobladores del distrito de Sechura quienes mantienen una controversia con la empresa American Potash por la construcción de 30 km de diques que estarían afectando el sistema de riego existente.
Del mismo modo, se reporta un conflicto por demarcación territorial entre la provincia de Chupaca y el distrito de Sicaya – Junín, un conflicto laboral de los Médicos del Ministerio de Salud quienes exigen mejoras de sus condiciones laborales y de sus remuneraciones y finalmente un conflicto electoral en el Distrito de Trompeteros – Loreto.
Los conflictos socioambientales representan el 62,6% (149 casos) del total de conflictos registrados en septiembre. Le siguen los conflictos por asunto de gobierno local, con 8,8% (21 casos), los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional, con 6,3% (15 casos), y los conflictos laborales, con 5,9% (14 casos).
La principal competencia (entre varias que coexisten) en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 152 casos (63,9%); los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son los principales responsables, por competencia, en la atención de 50 casos (21,0%); y los Gobiernos Locales (ya sea provinciales o distritales) son responsables, por competencia, en 25 casos (10,5%).
Cabe destacar que, durante el mes de septiembre del 2012, 84 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 51% de los 167 casos activos); de ellos, 51 fueron abordados a través de Mesas de diálogo y Comisiones de alto nivel. La Defensoría del Pueblo ha participado en 34 de dichos espacios de diálogo intermediando y facilitando.
Por otro lado, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 103 registra 88 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el mes de septiembre. Además, se da cuenta de 166 actuaciones defensoriales (148 fueron acciones de supervisión preventiva y 18 de intermediación).
La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a los interesados a encontrar información detallada en la página del Reporte de Conflictos Sociales.
