Defensoría del Pueblo insta al Estado a aprobar políticas nacionales y estrategias con presupuesto para resarcir a víctimas del periodo de violencia 1980-2000

- Un total de 266 139 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) esperan que se cumpla compromiso de atender el daño ocasionado en sus vidas.
En el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, la Defensoría del Pueblo demanda a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la creación de la Política Nacional de Reparación para las Víctimas del Periodo de Violencia 1980-2000 con presupuesto propio, para revertir el mínimo avance en los principales programas de reparación establecidos en el Plan Integral de Reparaciones (PIR).
“Según el balance realizado, el Programa de Reparación en Educación (PRED) registra un avance del 7 % y el Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH) del 7.6 %; debido, principalmente, a que ambas modalidades se ejecutan mediante programas sociales, lo que limita el acceso de las víctimas y desnaturaliza la definición de reparación. Otro ejemplo de ello, es el Programa de Reparación en Salud, que si bien tiene un avance del 71.8 %, esto se debe a que el cálculo se realizó de acuerdo al número de víctimas que accedieron al Seguro Integral de Salud (SIS), lo que, en estricto, tampoco puede denominarse reparación”, señaló Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
Por otro lado, en el caso de la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, desde el año 2020 se ha evidenciado que la falta de presupuesto para las instituciones encargadas de ejecutar la Ley n.° 30470 y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 es la principal causa de su mínima ejecución.
Tanto la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del MINJUSDH, como el Ministerio Público sostienen que no contaban con el presupuesto suficiente para cumplir con sus funciones. Problema que se agudizó en 2021, en el que solo se le asignó financiamiento a la DGBPD hasta el mes de mayo, recibiendo adicionales para cumplir el mínimo de sus metas los siguientes meses. Situación que, si bien no es crítica el presente año, no ha variado mucho.
“Este ambiente de incertidumbre e inseguridad presupuestaria impide cumplir las metas mínimas contempladas en los documentos señalados, por lo que es necesario elaborar y poner en vigencia la Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con presupuesto propio. Propuesta que es parte de la agenda de la reunión convocada por el defensor del pueblo a los actores involucrados, el día de hoy”, subrayó Castillo.
Respecto al desplazamiento interno, cabe señalar, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP), órgano rector de la Ley n.° 28223, desde 2018 tiene pendiente la aprobación de la “Estrategia para la prevención, protección y atención integral de las personas desplazadas internas”, producto del trabajo realizado por más de un año, de los sectores involucrados, sociedad civil y las asociaciones de víctimas, en la Comisión Multisectorial creada por la Resolución Suprema n.° 126-2016-PCM, de fecha 22 de julio de 2016.
En ese sentido, se exhorta aprobar de manera urgente el referido documento, que cuenta con la aprobación de todos los sectores involucrados, de Ceplan y de todas las instancias del MIMP. Estando sólo pendiente la conformidad de la alta dirección de este sector desde el mes de setiembre de 2022.
Finalmente, como reconocimiento a la lucha y resiliencia de las víctimas y familiares, la Defensoría del Pueblo, desde el 23 de agosto, pone a disposición del público en general la muestra itinerante “Yuyanapaq. Para Recordar”, en el Salón Dorado Santistevan De Noriega de la institución. Fecha en la que se presentará el “Balance del cumplimiento de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”.
