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Defensoría del Pueblo: instituciones públicas deben aprobar directivas de gestión de redes sociales

12:11 pm 11/07/2020

  • No se puede bloquear cuentas de usuarios sin lineamientos que regulen estas prácticas para no poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión.

Tras conocer que varias personas fueron bloqueadas en las redes sociales del Gobierno Regional de Ucayali, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región se comunicó con dicha entidad con la finalidad de solicitar información sobre los motivos por las cuales se adoptó tal medida.

En reunión sostenida con el gerente general, el jefe (e) de la Oficina de Imagen Institucional y el responsable de la página en Facebook del Gobierno Regional de Ucayali manifestaron que detectaron presuntos perfiles falsos, desde donde se realizaban comentarios inapropiados, que no guardan relación con la naturaleza a la que se refiere la libertad de expresión a la que toda ciudadana y ciudadano tiene derecho, por lo que procedieron a bloquear dichas cuentas.

En ese sentido, Hugo Pari, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, solicitó la exhibición de la directiva que aprueba los lineamientos de gestión de cuentas institucionales en redes sociales, señalando que dicho instrumento es necesario para regular conductas de los usuarios y de la propia institución, estableciendo el procedimiento que debe seguirse cuando se advierta un ejercicio arbitrario de la libertad de expresión, como la identificación de perfiles falsos.

Tras verificar que el Gobierno Regional no contaba con dicho documento, la oficina defensorial solicitó desbloquear a todos los usuarios y aprobar la directiva de lineamientos de gestión de cuentas institucionales en redes sociales. Asimismo, la entidad recordó que, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos no es irrestricto, por lo que los ciudadanos deben conducirse adecuadamente en las redes sociales.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali estará en continua comunicación y coordinación con los diversos órganos estatales que administren este tipo de medios de comunicación que constituyen una herramienta fundamental en la interacción activa entre las autoridades y los ciudadanos a fin de que exista una protección tanto para el usuario que accede como para la institución.