Defensoría del Pueblo interviene por situación de niño internado tras accidente en CAR San José de Arequipa

La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Arequipa, intervino ante la Unidad de Protección Especial (UPE) de Arequipa respecto del caso de un niño de 9 años que sufrió una caída por un tragaluz de los servicios higiénicos del Centro de Acogida Residencial (CAR) San José, ubicado en el distrito de La Joya, resultando con compromiso en las vértebras y requiriendo una intervención quirúrgica.
Según la información recabada, el menor de edad fue trasladado el pasado 18 de abril al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde permanece internado recibiendo atención médica especializada. Asimismo, se informó que cuenta con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) y se encuentra a la espera de la llegada de clavos de titanio necesarios para la operación, los cuales arribarían en aproximadamente quince días.
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo solicitó a la UPE información detallada sobre las acciones de supervisión y seguimiento que viene realizando respecto del CAR San José, así como las medidas adoptadas tras el accidente ocurrido al interior del centro de acogida.
Del mismo modo, se requirió esclarecer las razones por las cuales personal del CAR habría impedido la visita de la madre del niño en el hospital el pasado 21 de abril, situación que motivó la presentación de una queja ante la sede defensorial de Arequipa.
En reunión sostenida con representantes de la UPE, la Defensoría recomendó realizar con carácter urgente las coordinaciones con el personal médico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, a fin de verificar y articular la programación de visitas de la madre que resulten beneficiosas para el niño y respondan a criterios estrictamente vinculados a su estado de salud e interés superior.
Asimismo, se requirió a la UPE solicite un informe sobre lo ocurrido el 21 de abril respecto de la restricción de acompañamiento de la madre, así como adoptar decisiones futuras que prioricen el bienestar integral del niño.
La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento del caso y realizará visitas de supervisión al establecimiento de salud, con el objetivo de velar por la protección de los derechos del referido menor de edad, a fin de que se garantice una atención adecuada, oportuna y respetuosa de su entorno familiar.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que en toda actuación vinculada a niños y adolescentes debe prevalecer de manera reforzada el principio del interés superior del niño, lo que obliga a las entidades públicas y privadas a adoptar decisiones orientadas a su protección integral, recuperación emocional y estabilidad afectiva. En ese marco, los Centros de Acogida Residencial tienen un especial deber de cuidado y diligencia reforzada para garantizar en todo momento la vida, salud e integridad personal de los niños y adolescentes a su cargo.
Toda medida de protección debe procurar preservar y fortalecer, cuando resulte favorable para un menor de edad, sus vínculos familiares y particularmente el vínculo materno-filial, evitando restricciones injustificadas y promoviendo mecanismos de acercamiento compatibles con su tratamiento médico y bienestar emocional. La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento permanente del caso.
