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Defensoría del Pueblo lidera el “Espacio de Coordinación Interinstitucional para la prevención y seguimiento de conflictos sociales” en Piura

12:47 pm 22/09/2026

La Oficina Defensorial de Piura lideró el análisis de la conflictividad en la región, que registra 11 casos activos y 2 latentes, articulando compromisos con autoridades locales e instituciones del Estado para atender demandas ambientales, viales, de saneamiento y de salud en diversas provincias de la región.

La Defensoría del Pueblo, como organismo constitucional autónomo, ejerce a nivel nacional la función de prevención, monitoreo y mediación de los conflictos sociales, conforme a los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú, que le encargan la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal. En ejercicio de dicha función, la institución se encuentra facultada para «realizar labores de prevención y monitoreo de los conflictos sociales y la mediación para la promoción del diálogo y la solución pacífica de estos», conforme al numeral 8 del artículo 9 de su Ley Orgánica, Ley N.° 26520, modificado por la Ley N.° 32028, Ley que promueve su fortalecimiento institucional.

En ejercicio de dicha función, y con el objetivo de articular esfuerzos y anticipar escenarios de riesgo que afecten la gobernabilidad, la Oficina Defensorial de Piura convocó y lideró, el 18 de setiembre de 2026, una nueva sesión del «Espacio de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Seguimiento de Conflictos Sociales» de Piura, jornada en la que se evaluó el estado situacional de la región con base en el último Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

La sesión, convocada y liderada por la Oficina Defensorial de Piura, contó con la participación del Prefecto Regional; los subprefectos provinciales y distritales; el alcalde provincial de Piura; representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); el Gestor Territorial de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); representantes de PROVIAS, el Ministerio del Interior (MININTER), la Policía Nacional del Perú, el Gobierno Regional de Piura, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y EPS Grau.

En la cita se expuso detalladamente la matriz de conflictividad de Piura. Entre los principales casos analizados figuraron la oposición al proyecto minero «El Algarrobo» en Tambogrande, la remediación ambiental por pasivos de hidrocarburos en La Brea-Negritos (Talara) y las demandas por costos de gas domiciliario en La Tortuga frente a la empresa Olympic.

Asimismo, representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informaron un avance del 92 %, aproximadamente, en el expediente técnico para el mejoramiento del Centro de Salud de Talara, comprometiéndose a reforzar las estrategias de comunicación con las organizaciones sociales locales. Por su parte, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – PROVIAS anunciaron que un equipo técnico llegará a Piura en noviembre de 2026 para realizar talleres de sensibilización sobre el estudio definitivo de la carretera Paimas – Ayabaca – Socchabamba.

Como parte de la agenda preventiva, las autoridades evaluaron los riesgos asociados a la paralización de la obra vial en Sondorillo, el cuestionamiento vecinal a las cámaras de bombeo en la UPIS Ollanta Humala Tasso y los posibles focos de tensión que podrían surgir durante las elecciones en diversos centros poblados de la provincia de Paita.

Al cierre de la sesión, las entidades participantes asumieron los acuerdos generales de unificar la relación de conflictos y protestas manejada por cada institución, convocar a los gestores y relacionistas comunitarios de todas las entidades con competencias específicas en los casos identificados, y evaluar la incorporación formal del impacto generado por la minería ilegal en el distrito de Suyo.

Los acuerdos y compromisos adoptados fortalecerán el intercambio oportuno de información entre las instituciones participantes, permitiendo un seguimiento eficaz de los conflictos sociales y de las actuaciones de las entidades competentes. Asimismo, facilitarán la detección temprana de alertas preventivas, protestas y demandas colectivas para mitigar riesgos de escalamiento.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar liderando, a nivel nacional, la prevención, el monitoreo y la mediación de los conflictos sociales, para acercar a las autoridades y a la población y contribuir a la búsqueda de soluciones consensuadas.