Defensoría del Pueblo logra que Consejo Regional declare de interés y necesidad regional la acreditación de establecimientos de salud para el internado de estudiantes de ciencias de la salud

- La intervención defensorial permitió activar acciones de fiscalización y compromisos concretos de la DIRESA para avanzar en la acreditación de establecimientos de salud del primer nivel de atención como sedes docentes.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la problemática que afecta a estudiantes de las escuelas profesionales de Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica y Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, quienes se encontraban en riesgo de no acceder oportunamente al internado como parte de su formación profesional.
La situación se originó debido a que, a la fecha, ningún establecimiento de salud del primer nivel de atención de la región Ayacucho se encontraba acreditado como sede docente, pese a que estos establecimientos constituyen espacios fundamentales para la formación práctica de los futuros profesionales de la salud.
Esta situación no solo compromete la continuidad y culminación de una etapa esencial de su formación universitaria, sino que puede afectar sus proyectos de vida profesional y su incorporación posterior al ejercicio de sus respectivas profesiones. A ello se suma el impacto que tendría para los propios servicios de salud, considerando que los internos de ciencias de la salud contribuyen, bajo la supervisión correspondiente, al desarrollo de las actividades asistenciales y al fortalecimiento de la atención en los establecimientos del primer nivel, especialmente en las comunidades que requieren mayor acceso a los servicios de salud.
La problemática fue planteada por los propios estudiantes ante la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA) y, posteriormente, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo. Ante la ausencia de avances concretos expresados en plazos, fechas y acciones, la institución defensorial trasladó la preocupación al Consejo Regional de Ayacucho.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo recomendó al Consejo Regional disponer una acción de fiscalización para verificar las acciones que viene desarrollando la DIRESA respecto de la evaluación y autorización de los establecimientos de salud del primer nivel como sedes docentes; declarar de prioridad la culminación de este proceso; y evaluar la posibilidad de gestionar ante el Ministerio de Salud una eventual ampliación del plazo del proceso de internado, de ser necesario.
Resultados concretos de la intervención defensorial
Como resultado de esta intervención, el Consejo Regional de Ayacucho aprobó por unanimidad un acuerdo regional que declara de interés y necesidad regional la evaluación y acreditación como centros docentes de los establecimientos de salud de la región Ayacucho para el internado de las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSCH.
Asimismo, el Consejo Regional realizó de inmediato una acción de fiscalización y sostuvo una reunión con la directora regional de Salud de Ayacucho para conocer directamente el estado del proceso de acreditación.
Como resultado de estas acciones, la DIRESA informó que hasta el 14 de octubre recibirá la información de los establecimientos de salud del primer nivel de atención respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, requisito necesario para avanzar hacia su reconocimiento y acreditación como establecimientos docentes.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento a estos compromisos, a fin de que el proceso avance con celeridad y se adopten las medidas necesarias para garantizar que las y los estudiantes puedan realizar oportunamente su internado y culminar adecuadamente su formación profesional.
La intervención también busca contribuir a un objetivo de mayor alcance: fortalecer la formación de nuevos profesionales de la salud y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la capacidad de atención de los establecimientos del primer nivel en beneficio de la población de Ayacucho.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de proteger el derecho a la educación y de supervisar que las entidades públicas adopten medidas oportunas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, especialmente cuando una deficiencia administrativa puede generar consecuencias concretas en su formación profesional y proyecto de vida.
