Defensoría del Pueblo: mayoría de municipios en Pasco no impone sanciones ante incumplimiento de medidas sanitarias

• Falta de normas en las que se tipifique el tipo de multa para cada caso conlleva a que municipalidades solo expidan notificaciones preventivas a los administrados infractores.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco advirtió que cerca del 70 % de los municipios locales en esta región carece de normas específicas para sancionar a locales y personas que organicen eventos en espacios cerrados o al aire libre sin cumplir los protocolos de bioseguridad y generando aglomeración de personas. En ese sentido, se exhortó a las municipalidades a adoptar acciones inmediatas que permitan dotar a sus equipos de fiscalización de las herramientas necesarias para aplicar sanciones pecuniarias y medidas complementarias a quienes incumplan las medidas sanitarias, especialmente ante el avance de la tercera ola del COVID-19.

Los gobiernos locales que conforman la lista de instituciones que carecen de normas para sancionar el incumplimiento de los protocolos sanitarios son los de Ninacaca, Pallanchacra, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán, Fundición de Tinyahuarco, Vicco, Huachón, San Pedro de Pillao y Chacayán. Asimismo, se encuentran dentro de este grupo las municipalidades distritales de Goyllarisquizga, Paucar, Santa Ana de Tusi, Tapuc, Vilcabamba, Chontabamba, Constitución, Pozuzo, Puerto Bermúdez y Palcazú.

En efecto, durante una supervisión desarrollada en los últimos meses del año pasado se pudo identificar que este significativo porcentaje de municipalidades no había incorporado, dentro de sus cuadros únicos de infracciones y sanciones (CUIS), alguna medida referida específicamente al incumplimiento de los protocolos sanitarios y de bioseguridad.

Según precisó la jefa de la Oficina Defensorial de Pasco, Raquel Álvarez, la falta de este tipo de sanciones limita a las autoridades intervenir de manera efectiva ante el incumplimiento de los aforos y la adecuada ventilación en espacios cerrados, entre otros, pues de encontrar alguna irregularidad únicamente pueden expedir una notificación preventiva a la dueña o el dueño del local o a quienes organicen actividades al aire libre o en espacios cerrados, sin la posibilidad de imponer multa pecuniaria u otra medida complementaria, debido a que el incumplimiento de las medidas sanitarias no se encuentra establecido como infracción municipal.

“Esta situación resulta preocupante, pues después de más de 19 meses de haberse declarado el estado de emergencia nacional por el COVID-19, los municipios deberían contar con herramientas para sancionar a aquellos que incumplan las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno central, lo cual no será posible mientras estas infracciones no se encuentren debidamente tipificadas”, afirmó la representante de la Defensoría del Pueblo en Pasco.

Álvarez también dio a conocer que, si bien el 72 % de los municipios supervisados informó que desarrolla acciones de fiscalización, ninguno de estos cuenta con pautas claras de carácter técnico para que el personal que realiza dicha labor identifique aspectos como la ventilación adecuada de espacios cerrados, delimitación de espacios físicos y límites de aforo, entre otros. Asimismo, ocho gobiernos locales manifestaron que no estaban autorizando ningún tipo de actividad, por lo que no desarrollaban labor de fiscalización alguna, pese a que por las redes sociales se ha tomado conocimiento que sí se vienen llevando a cabo actividades al aire libre o dentro de espacios cerrados en sus jurisdicciones, sin que las autoridades municipales cumplan con las funciones que les corresponde.

Ante ello, la jefa de la sede defensorial en Pasco explicó que los gobiernos locales deben cumplir un rol esencial en el actual contexto de emergencia sanitaria, pues son los responsables de regular las actividades que impliquen las aglomeraciones de personas en sus jurisdicciones, con la finalidad de reducir el riesgo de contagios de COVID-19, especialmente frente a la presencia en el país de la variante ómicron. En ese sentido, precisó que ha demandado a los municipios de la región la implementación de medidas inmediatas, entre las que destacan la actualización de los CUIS y ajustes a los Reglamentos de Sanciones Administrativas (RAS) y la aprobación de pautas claras para el desarrollo de las labores de fiscalización.