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Defensoría del Pueblo media en conflicto estudiantil de la facultad de Derecho y Ciencia Politica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y logra acuerdos

5:20 pm 16/07/2026

  • Acciones de mediación permitieron la firma de un acta que garantiza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y la entrega del local de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, entre otros.

Tras la toma de las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Defensoría del Pueblo en su rol de mediador, lideró la mesa de diálogo entre las autoridades de la facultad, encabezadas por su Decano, y los representantes gremiales de los estudiantes. La mediación concluyó con la firma de un acta de acuerdos que viabiliza los acuerdos arribados y la entrega pacífica de la facultad este viernes 17 de julio de 2026.

Durante la reunión, la Defensoría del Pueblo exhortó a ambas partes a mantener un trato de mutuo respeto y a priorizar el diálogo con mesura como la única vía para arribar a consensos sostenibles.

Sobre las demandas, se lograron alcanzar los siguientes compromisos:

  • Sobre las garantías para la no apertura de acciones legales o administrativas: El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, manifestado su compromiso de no realizar tales acciones contra los estudiantes.
  • Sobre el uso de aulas para la CEPRE-Derecho: Se ratificaron los acuerdos de la sesión previa de fecha 10 de julio, determinando las partes que el uso de los espacios para la CEPRE solo sean en el ciclo verano (enero – marzo) y que su uso sea exclusivo para la facultad desde abril a diciembre.
  • Sobre la designación del Director de la Escuela de Ciencia Política: Las partes acordaron que harán seguimiento ante la oficina de Recursos Humanos en conjunto (Decano y representación estudiantil) a partir del día lunes 20 de julio en lo sucesivo.
  • Sobre evaluación de la Sede Villa Rica: Se dispuso la creación de un grupo técnico que elabore un diagnóstico situacional que aborde los ejes de vacantes, infraestructura y presupuesto de dicha sede, la cual elaborará un informe detallado para el periodo 2028.
  • Sobre la Dirección del CERSEU: En atención a las quejas por presunta ineficiencia del actual director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU), el Decano y estudiantes acordaron que en hasta la primera semana del mes de agosto del presente, se llevará cabo una evaluación del Director de CERSEU y se llevará a cabo una reunión de trabajo, a fin de que el Decanato informe su decisión sobre la designación de dicho director.
  • Sobre el reglamento de Tacha Docente: Los representantes estudiantiles lograron el compromiso por parte del Decanato, de elevar el proyecto de reglamento de tacha docente propuesto por la Facultad ante el Consejo Universitario para que se considere sus aportes en el proyecto de reglamento de tacha de docente propuesto por rectoría.
  • Sobre la entrega de las instalaciones de la facultad: Las partes acuerdan que la entrega de la facultad de Derecho y Ciencia Política se llevará a cabo el día viernes 17 de julio a las 14:00 horas ante la Defensoría del Pueblo y que dicha entrega deberá constar en la suscripción del acta correspondiente. Asimismo, a solicitud de los estudiantes y con la aceptación del Decano, se acordó brindar las garantías necesarias para no abrir ni iniciar investigaciones o procesos disciplinarios contra los alumnos participantes de la medida de fuerza.

La institución remarcó que la continuidad de los servicios educativos en condiciones de calidad y el respeto a los compromisos asumidos son indispensables para salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad universitaria.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su rol de mediador y supervisor de los servicios públicos esenciales, y anuncia que mantendrá un acompañamiento preventivo y un monitoreo constante durante las próximas semanas para verificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos adoptados. De esta manera, la institución busca asegurar la sostenibilidad de esta ruta de concertación y prevenir la reactivación de escenarios de conflictividad en la comunidad universitaria.