Defensoría del Pueblo: Minsa debe pronunciarse sobre uso de mascarillas con filtros o válvulas
La Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio de Salud (Minsa) que se pronuncie, de manera clara y precisa, sobre las mascarillas con filtros o válvulas, que usan algunas autoridades y parte de la población sin saber que, de tener el virus, usando estas mascarillas, podrían estar propagándolo.
La institución ve con preocupación que cada vez más personas, en diversos mercados, al parecer por desconocimiento, usen estas protecciones que permitirían que el aire exhalado salga fuera de la mascarilla, con la consecuente probabilidad de expeler también al virus.
Si una persona que no es portadora del virus usa esta mascarilla con válvula, no existiría riesgo, pero si la persona que la usa está con la COVID-19, la mascarilla no cumpliría su misión de retener y disminuir la eliminación del virus y podría, inclusive, estar contribuyendo a su propagación.
La Adjuntía para la Administración Estatal (AAE) envió un oficio al Ministerio de Salud (Minsa), solicitando un pronunciamiento para que las mascarillas y respiradores con válvula no se utilicen en lugares con alto riesgo de contagio como mercados, bancos, transporte público o centros de trabajo, ni tampoco sean utilizados por personas con síntomas o diagnóstico de COVID-19.
Hasta el momento, el Minsa no se ha pronunciado abiertamente en contra del uso de este tipo de mascarillas, aunque en la Resolución Ministerial N° 248-2020-MINSA sobre las recomendaciones para el uso de las mascarillas para el personal de salud, señala -entre los requisitos- que éstas no deben tener válvulas, sin dar más explicaciones.
Estando en marcha la etapa de reanudación económica, es imperativo que la población se encuentre informada y se fortalezca la difusión de las medidas de cuidado personal y social, para su adecuado seguimiento y cumplimiento, a fin de evitar un rebrote de COVID-19 en el país.
La Defensoría del Pueblo defiende los derechos fundamentales de las personas, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos, con base a las competencias que la Constitución Política le confiere en el artículo 162.