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Defensoría del Pueblo: municipio ancashino de Masin incumple acuerdo de Consejo que redujo costo de copias fedateadas

11:12 am 03/08/2021

• Medida adoptada el año pasado por recomendación de la Defensoría del Pueblo aún no es aplicada, vulnerando el derecho de acceso a la información pública.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash exhortó a la Municipalidad Distrital de Masin, en la provincia de Huari, a cumplir el acuerdo de concejo municipal adoptado el año pasado, que aprobó reducir el costo de las copias fedateadas de los documentos oficiales que emite la entidad, luego que se acreditara que se exigían costos arbitrarios y desproporcionados que atentaban contra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pedido fue hecho ante la queja presentada por un ciudadano que solicitó copias fedateadas al municipio, por las que se le exigía el pago de un sol por cada hoja, lo que sumaba un total de mil soles que debían ser abonados a la institución, de acuerdo a lo establecido en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Al respecto, la jefa de la oficina defensorial, Soledad Rodríguez, recordó a la Municipalidad Distrital de Masin que el 29 de octubre del 2020, el concejo municipal aprobó reducir el cobro de cada copia fedateada a S/ 0.20 para no perjudicar económicamente a la población.

En ese sentido, la representante de la Defensoría del Pueblo instó al alcalde de Masin a adoptar las acciones inmediatas para que se dé cumplimiento a lo acordado por el concejo municipal, a fin de no afectarel derecho fundamental de acceso a la información pública de la población con la imposición de pagos ilegales; así como dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 138 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

“El concejo municipal del distrito de Masin atendió el año pasado la recomendación hecha por esta sede defensorial; sin embargo, resulta preocupante que a la fecha se continúe cobrando un monto elevado por las copias fedateadas, lo que indefectiblemente atenta contra el derecho a la transparencia y acceso a la información pública de la ciudadanía, tal como ha sido señalado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, por ejemplo en el Expediente 01847-2013-PHD/TC,”, manifestó Rodríguez.