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Defensoría del Pueblo: nuevos desafíos a 25 años de labor en defensa de los derechos de la población

10:13 am 11/09/2021

 

  • Siempre, adaptando el trabajo institucional a las necesidades de los más vulnerables.

Al cumplir 25 años de creación, la Defensoría del Pueblo informó que afronta nuevos retos en su rol constitucional de defensa de los derechos fundamentales de las personas en un contexto político, económico, social y sanitario marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19, pero en el que la institución continuará luchando por el reconocimiento de los derechos de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

En lo que concierne a los derechos de la mujer, es necesario que el Estado peruano garantice la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género y el reforzamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia, así como el sistema de interoperabilidad que permita a las víctimas de violencia acceder de manera más oportuna a la justicia. Cabe indicar que, solo en los dos últimos años se registraron más de 300 muertes violentas de mujeres en nuestro país, mientras que, en lo que va del 2021, la cifra ya supera los 103 casos.

En el aspecto de niñez y adolescencia, la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de la labor que desempeñe la reciente conformada Comisión Especial Multipartidaria de Proteccion a la Infancia en el contexto de emergencia sanitaria, por el Congreso de la República. Entre los diversos problemas que debe abordar, urge atender la vacunación contra el COVID-19, la situación de orfandad derivada de la pandemia y la atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Asimismo, representa un desafío pendiente que su conformación adquiera carácter permanente en el futuro para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en igualdad de condiciones, sin discriminación y en atención a su nivel de desarrollo y vulnerabilidad.

Otro aspecto fundamental para la Defensoría del Pueblo es el tratamiento de los conflictos sociales. De acuerdo al último reporte, en el Perú se registran 195 conflictos sociales, la mitad de los cuales se presentan en cinco regiones: Loreto, Cusco, Áncash, Puno y Apurímac. Frente a ello, la institución espera que pronto se pueda materializar la creación de una unidad de gestión del cumplimiento de acuerdos, a cargo del Ejecutivo, que tenga como función asegurar que el diálogo con las comunidades tenga resultados reales.

En el ámbito de la salud, la Defensoría del Pueblo pide al Estado continuar con el proceso de vacunación y el mejoramiento de los servicios de emergencia para hacer frente a la pandemia, así como mejorar los servicios de salud materna, sexual y reproductiva y la atención a las personas más vulnerables. En educación, por su parte, se solicita mirar con especial interés la educación rural, la educación inclusiva, la educación intercultural bilingüe, la alimentación y la lucha contra la violencia en las escuelas.

En materia ambiental, para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental fortalecer la lucha contra la tala y minería ilegal, así como avanzar con la remediación de pasivos ambientales mineros y petroleros, que afectan principalmente a las comunidades nativas. Por otro lado, se requiere impulsar el cierre de brechas de rellenos sanitarios y la recuperación de las áreas afectadas por los botaderos.

Otro aspecto primordial es la dotación de servicios básicos de saneamiento, a fin de garantizar el derecho al acceso a agua potable de más de tres millones de personas que carecen del servicio de agua a través de la red pública. Asimismo, casi medio millón de hogares no cuentan con servicio de telefonía móvil y 328 000 familias no tienen servicio de electricidad en sus viviendas. De otro lado, es necesario que el Estado avance en la atención de los problemas que afectan a las poblaciones indígenas, especialmente vinculados al goce efectivo de sus derechos y protección de los defensores indígenas.

Finalmente, es necesario que se continúe con la implementación de los servicios virtuales en la administración de justicia y afianzar el principio de publicidad en la gestión pública, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de fiscalización ciudadana sobre las acciones del Estado.