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Defensoría del Pueblo oficializó pedido para garantizar el derecho a la protección de datos personales de la población censada

8:34 am 24/10/2017

A través de oficio remitido al INEIDefensoría del Pueblo oficializó pedido para garantizar el derecho a la protección de datos personales de la población censada

  • Se recuerda que es nula toda cláusula incluida en convenios con empresas o universidades que permita revelar datos personales y/o sensibles.

La Defensoría del Pueblo remitió ayer un oficio al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Aníbal Sánchez, resaltando que el Censo Nacional ha recogido datos personales (nombre, dirección, documentos de identidad) y datos sensibles (origen racial, opiniones religiosas, entre otros) de la ciudadanía que deben ser protegidos.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, exhortó al INEI a no divulgar la información obtenida en el Censo Nacional 2017, en forma individualizada o que permita individualizar a las fuentes; y a adoptar los máximos niveles de seguridad que garanticen la total confidencialidad de los datos personales y/o sensibles de la población. De igual forma, se recomendó que la información obtenida, previo tratamiento de anonimización, sea de acceso al público en general. 

En el documento se destaca que las obligaciones contraídas por el INEI deben ser conforme al marco constitucional, y a los derechos fundamentales que éste protege, por ello, sería nula toda aquella cláusula cuya aplicación o interpretación pudiera conllevar a la entrega de información contenida en bases de datos u otros soportes.

También se exigió a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Ministerio de Justicia, que adopte las acciones inmediatas orientadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a mantener la confidencialidad de su información personal o sensible.

La Defensoría del Pueblo requirió información acerca de las medidas que serán adoptadas por el ente rector en la materia a fin de garantizar el derecho fundamental de protección de datos personales de la población censada.