Defensoría del Pueblo organiza 1º Diálogo Público: Discapacidad con derechos

- 88% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acceden a la educación inclusiva.
- 64% no tiene empleo.
Con la finalidad de que autoridades y representantes de las personas con discapacidad analicen los problemas que enfrenta este sector de la población en el campo educativo y laboral, la Defensoría del Pueblo ha organizado el 1º Diálogo Público: discapacidad con derechos, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 24 de octubre.
En la actualidad más de tres millones de personas en el Perú tienen alguna discapacidad, representando el 10,4% de la población, quienes enfrentan diversas barreras que impiden el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de una vida independiente y autónoma en igualdad de oportunidades con las demás.
La negación de matrícula a niños y niñas con discapacidad y la falta de preparación del personal docente para la atención a la diversidad con enfoque inclusivo, así como la falta de infraestructura accesible y de materiales adaptados para la educación inclusiva, vulnera el derecho a la educación de esta población.
Respecto al derecho al trabajo, según el Censo 2017, el 64% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no tiene empleo. Asimismo, de aquellas que se encuentran trabajando, el 24% se desempeña como trabajadores no calificados de servicios, peones, ambulantes y el 23,5% como trabajadores de servicios y vendedores de comercio y mercado. Esta situación denota dificultades para el acceso al empleo y la precariedad de la actividad laboral sin beneficios laborales.
La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973, y su reglamento, tienen por objeto establecer el marco legal para la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad, en condiciones de igualdad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.
También señala que, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%.
