Defensoría del Pueblo participa de conversatorios sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad

Previo al primer Congreso Nacional Defensoría del Pueblo participa de conversatorios sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad
- Defensoría del Pueblo saluda y apoya iniciativa del Poder Judicial para garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
- Conversatorios se realizaron en todos los distritos judiciales del país.
La Defensoría del Pueblo viene participando, a nivel nacional, en los conversatorios distritales preparatorios para el Primer Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas con discapacidad, organizada por el Poder Judicial con el fin de identificar las buenas prácticas y problemáticas en este sector.
Estos talleres o conversatorios se realizan de manera simultánea en todas las regiones del país con la participación de los operadores del sistema de justicia, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y organizaciones de personas con discapacidad; entre otros.
Las reuniones de trabajo permitirán conocer las debilidades de la administración de justicia y generar de esta manera propuestas para la elaboración e implementación del primer protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad.
Asimismo, se busca arribar a compromisos institucionales, los cuales serán sistematizados en Lima el próximo lunes 28 y martes 29 de agosto, en un evento en el que participará el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho; así como el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, organizaciones de personas con discapacidad, magistrados, expertos y otras autoridades.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo supervisa y analiza constantemente la actuación del Estado con el fin de eliminar las barreras que afectan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el ámbito de la administración de justicia, promueve la garantía de la accesibilidad física, en la información y las comunicaciones; ajustes razonables en los procesos judiciales; así como el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad como parte de las obligaciones establecidas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
