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Defensoría del Pueblo participará en defensa del estado constitucional de derecho y la seguridad jurídica de la nación sobre proceso de inconstitucionalidad seguido contra norma de extinción de dominio

6:35 pm 19/02/2025

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus facultades, participará en la audiencia convocada por el Tribunal Constitucional (TC) para sustentar los argumentos expuestos en la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio.

Al respecto, debe tenerse presente que nuestra institución reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y cualquier forma de delito. Reconocemos también la importancia de hacer frente a la criminalidad como garantía de nuestro sistema democrático. De ahí que sea indispensable que el Estado promueva mecanismos apropiados que permitan castigar conductas ilícitas, para así evitar la impunidad y las consecuencias nocivas que ello pueda suponer para nuestra sociedad.

Sin embargo, no podrían admitirse actos de poder que contravengan y socaven las bases de nuestro Estado Constitucional de Derecho.

Por ello, mediante la referida demanda, la Defensoría del Pueblo pretende que el TC, como supremo intérprete de la Constitución y normas derivadas de ella, evalúe la regulación prevista por dicha norma que, en opinión de nuestra institución, contraviene diversos principios constitucionales (seguridad jurídica, buena fe registral del tercero adquirente, presunción de inocencia, no retroactividad de la ley), así como pone en serio riesgo el derecho fundamental a la propiedad.

El Decreto Legislativo 1373 faculta al juez a afectar los bienes y recursos sin que exista una sentencia judicial, de la naturaleza que fuere, que declare el origen ilícito de los mismos, lo cual vulnera los estándares convencionales y constitucionales de nuestro sistema jurídico, afectando, además, el derecho de propiedad, el principio de buena fe registral y el principio de seguridad jurídica en contra de cualquier ciudadano que se vea inmerso en este singular proceso.

Por ello, continuaremos atentos ante cualquier norma que pueda suponer una afectación a la jerarquía normativa de la Constitución.