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Defensoría del Pueblo pide a Ejecutivo mejorar protocolos para evitar contagios de COVID-19 en transporte urbano

11:35 am 08/09/2021

  • Ante reinicio gradual de actividades, se plantea exigir doble mascarilla y tipificar el cierre de ventanas de vehículos como infracción grave.

La Defensoría del Pueblo planteó al Poder Ejecutivo un conjunto de medidas que buscan endurecer los protocolos de prevención del COVID-19 en el transporte público nacional, a fin de reducir el impacto en la propagación del virus que podría originarse con el reinicio progresivo de distintas actividades presenciales que demandarán un uso masivo de los medios que utiliza la población para movilizarse, entre las que destacan la asistencia a clases escolares.

A través de un documento dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la entidad manifestó su preocupación debido a que las infracciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios no prevén sanciones en casos como el de vehículos de transporte que mantienen las ventanas cerradas, pese a las evidencias que demuestran que la ventilación natural puede reducir el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias.

En ese sentido, se pide al Ejecutivo que tipifique la falta de ventilación de los vehículos de transporte regular de pasajeros como infracción grave, estableciendo a su vez la obligatoriedad de colocar un elemento físico que impida el cierre de las ventanas o, en su defecto, el retiro de las mismas.

En el documento suscrito por la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, se señala también la necesidad de que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de exigir el uso de doble mascarilla al momento de abordar vehículos de transporte regular de pasajeros.

Asimismo, se plantea incrementar la flota vehicular dedicada al traslado de personas en el ámbito urbano con el objetivo de reducir el tiempo de exposición al contagio, para lo cual se pide al Ejecutivo impulsar la formalización y reducir, en forma temporal y excepcional, las requisitos para la autorización de vehículos de servicio de transporte regular, como los referidos a la antigüedad máxima y capacidad mínima, siempre que se cumplan los protocolos sanitarios y que cuenten con SOAT, inspección técnica vehicular, así como tarjeta de identificación vehicular.

Finalmente, se pide al Ejecutivo establecer restricciones para la circulación de vehículos de uso particular en determinadas vías, según horarios. Ello, con el fin de lograr que las principales vías por donde se desplaza el transporte urbano masivo se vean despejadas de la congestión vehicular, permitiendo de esta manera una reducción significativa en el tiempo de permanencia de las y los pasajeros dentro de los vehículos.

Como parte de las medidas, se solicitó también al Ejecutivo evaluar la necesidad de dictar un nuevo subsidio a favor del transporte urbano regular para no afectar el desarrollo de la actividad con la adopción de las medidas sanitarias y la reducción de pasajeros durante el recorrido. Asimismo, se plantea el establecimiento de protocolos sanitarios para la prestación del servicio de transporte de estudiantes. Para la Defensoría del Pueblo, estas medidas deben tener carácter excepcional y temporal a fin de permitir el traslado seguro de personas en el ámbito urbano, más aún de los escolares que retornarían a clases presenciales.