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Defensoría del Pueblo pide celeridad en adecuación de políticas públicas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

6:01 pm 06/05/2013

A cinco años de entrada en vigor.Defensoría del Pueblo pide celeridad en adecuación de políticas públicas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

  • Documento obliga al Estado a eliminar barreras que restringen derechos en el ámbito público y privado.

A cinco años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, invocó a todas las instituciones públicas y privadas que adecuen con mayor celeridad las políticas, programas y servicios a lo establecido en la referida norma internacional a favor de este sector de la población.

“El Perú ha dado un importante paso en la implementación de la Convención con la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad en diciembre último. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer si lo que buscamos es garantizar la autonomía individual, la no discriminación, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, entre otros principios reconocidos en la Convención”, señaló el funcionario.

La Defensoría del Pueblo viene haciendo un seguimiento a la aplicación de la Convención para lograr que más allá de las medidas legislativas que han sido adoptadas, se impulsen todas las políticas públicas, especialmente en salud, educación, accesibilidad y trabajo que permitan superar la discriminación y aseguren el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades que el resto de la población.

“La implementación de la Convención permitirá eliminar barreras que restringen derechos y excluyen a las personas con discapacidad; por ejemplo aquellas que obstaculizan su acceso a la información pública porque ésta no se brinda adaptada para las personas con discapacidad visual. También están las políticas que limitan el acceso a servicios básicos por falta de intérpretes en lengua de señas en las instituciones, a un empleo digno por prejuicios o falta de adaptaciones en las evaluaciones, a una mayor cobertura para la atención de calidad en salud mental desde el nivel primario (puestos, centros de salud), hospitales generales y especializados para alta complejidad, a una educación inclusiva y de calidad y a un sistema de protección social”, indicó Vega.

Por su parte, la Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, explicó que en conmemoración de los cinco años de entrada en vigor de la Convención, se debe reafirmar el compromiso del Estado peruano de adoptar medidas de carácter transversal y de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, que permitan su inclusión.

“Si bien no contamos con cifras oficiales actuales, los resultados anuales de la Encuesta Nacional Continua (ENCO) del 2006 muestra que en el Perú el 8,4% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Por ello, resulta fundamental que, además de la promulgación de normas que desarrollan una política inclusiva para las personas con discapacidad se cuente con el conocimiento y compromiso de los funcionarios encargados de su aplicación, así como con el concurso del sector privado y la sociedad civil en general para la superación de prejuicios y la eliminación de barreras que existen en el entorno y en el acceso a la educación, salud, empleo y comunicaciones, entre otros”, concluyó la funcionaria.