Defensoría del Pueblo pide garantizar derecho a la salud de adolescentes en centro juvenil en Piura

• Autoridades regionales deben brindar atención médica inmediata a 159 adolescentes internados en el Centro Juvenil Miguel Grau.

La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en la ciudad de Piura, demandó al Gobierno Regional, la necesidad de adoptar y ejecutar medidas sanitarias urgentes para garantizar el derecho a la salud de los 159 adolescentes internados en el Centro Juvenil Miguel Grau y hacer frente al avance del COVID-19.

Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria por la pandemia, la institución solicitó información a la autoridad regional de Piura, sobre las medidas y los protocolos de salud y seguridad adoptados para la prevención del COVID-19 en este Centro Juvenil, los cuales deben ser atendidos e implementados de forma oportuna para asegurar la salud de los adolescentes internados.

Dentro de este contexto sanitario, por tratarse de una población altamente vulnerable, la ausencia y omisión de procedimientos para la asistencia médica de los adolescentes internados, contravendría la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de los Niños y Adolescentes, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, referentes a la protección del derecho a la salud e integridad personal de los menores.

En este marco, César Orrego, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, detalló que si bien es cierto la Dirección Regional de Salud realizó, recientemente, 170 pruebas de descarte al total de la población de adolescentes internados y al personal penitenciario del Centro Juvenil, es indispensable que la autoridad sanitaria a cargo de estas pruebas, informe oportunamente sobre los resultados de las mismas, a fin de adoptar acciones médicas diferenciadas, si se confirmara la presencia del virus u otras patologías.

Finalmente, la falta de atención de los adolescentes por parte de las autoridades, entre ellas, el Gobierno Regional de Piura, puede conllevar al deterioro de la salud y eventual afectación al derecho a la vida de esta población vulnerable, generando una responsabilidad nacional e internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos de estas personas