Defensoría del Pueblo plantea urgentes recomendaciones respecto a las personas con discapacidad

- Institución solicita que todas las medidas se desarrollen con enfoque de discapacidad.
- Se proponen recomendaciones concretas en materia de accesibilidad, educación inclusiva y empleo.
En el contexto de la pandemia por COVID-19, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, reiteró que es urgente que en la formulación e implementación de las distintas medidas que el Estado viene dictando, se aplique el enfoque de discapacidad. Señaló que la falta de atención a este grupo social puede acrecentar su vulnerabilidad.
Gutiérrez manifestó que “según información oficial en el país existen más de 3 millones de personas que tienen alguna discapacidad quienes requieren una respuesta eficaz y oportuna del Estado, que elimine las nuevas barreras que genera la pandemia y facilite el ejercicio de derechos”.
El Defensor recalcó que la Defensoría del Pueblo como colaborador crítico del Estado y en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presenta en esta ocasión el primero de una serie de informes especiales sobre las personas con discapacidad en el marco de la emergencia del CODIV-19. Este documento abarca los derechos a la accesibilidad, educación inclusiva y empleo.
En el ámbito de la accesibilidad se recomienda el diseño y aplicación de protocolos de atención de personas con discapacidad en los servicios de salud, así como para las intervenciones policiales y militares; el aseguramiento de la difusión de la información accesible a las distintas condiciones de discapacidad como intérpretes en lengua de señas.
En lo que respecta a educación, se recomienda al Ministerio de Educación y a la SUNEDU el desarrollo de un plan que tenga en cuenta la situación de las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, evaluando su dificultad de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; tener en cuenta la realidad regional y local contando con la asistencia de las Ugel y las DRE; desarrollar la estrategia “Aprendo en casa” considerando los diferentes tipos de apoyo que requieren los estudiantes con discapacidad; entre otros. Con relación a la educación universitaria, se observa, entre otras cosas, la necesidad de implementar un registro del número de estudiantes con discapacidad y del tipo de necesidad educativa asociada o no a la discapacidad, para prestar la accesibilidad y ajustes que correspondan.
En lo referido al empleo se señala la necesidad de modificar el Decreto Supremo Nº 010-2020-TR a fin de incorporar entre los grupos priorizados para el trabajo remoto a los trabajadores con discapacidad, así como a las personas que prestan apoyo a un familiar con discapacidad. En el mismo sentido, se recomienda modificar el artículo 50° de la Ley General de la Persona con Discapacidad a fin de garantizar que las personas que prestan apoyo a un familiar con discapacidad puedan acceder a los ajustes razonables requeridos para la realización de su trabajo. El informe incide en el imperativo de fiscalizar que no se utilice la emergencia como pretexto para despedir a las personas con discapacidad.
Finalmente, Gutiérrez reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo de continuar trabajando por los derechos de este sector vulnerable de la sociedad.
