Defensoría del Pueblo presentó 5 retos para luchar contra la desigualdad de género

• #8DeMarzo: En el Día Internacional de las Mujeres, se advirtieron las principales brechas de género, contras las cuales urge medidas claves para reducirlas.

La Defensoría del Pueblo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, en sus diversidades, presentó 5 recomendaciones esenciales para luchar contra la desigualdad de género, poniendo énfasis en la reducción de las diversas brechas de género que las afectan. En esa línea, destacó el papel que deben cumplir las instituciones, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto para cambiar esta grave problemática.

La violencia de género que sufren a lo largo de todo su ciclo de vida limita el ejercicio de sus derechos. Por ello, preocupa que durante el año 2022, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se atendieron 133 436 casos a nivel nacional, principalmente de violencia psicológica (41.6 %); asimismo, solo en enero de 2023, se atendieron 10 053 casos, de los cuales el 70 % (3786) afectó a niñas y adolescentes mujeres.

También, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú, en el 2022, se denunciaron 11 524 desapariciones de mujeres de todas las edades, de las cuales solo se ubicaron 5558 (48 %), es decir, menos de la mitad; mientras que en enero de este año, la cifra llegó a 671 denuncias. Además, durante el 2022, se produjeron 137 feminicidios, en 22 (16 %) de los cuales las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas; en enero y febrero de 2023, ya se han producido 31 feminicidios, 2 más que en el mismo periodo del año pasado.

Frente a ello, durante una presentación en esta fecha de conmemoración, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, enfatizó –como primer reto– en la importancia de que se cumplan las recomendaciones realizadas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad. En esa línea, señaló que resulta clave –como segundo reto– impulsar la reactivación del Grupo de Trabajo Nacional de la Ley n.° 30364, Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Adicionalmente, se dio cuenta de diversas brechas de género que afectan el libre desarrollo de las mujeres en las actividades laborales, educativas, de participación política, entre otras. Por ejemplo, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, se advirtió que las mujeres dedican más del doble del tiempo en la semana a las actividades de cuidado que los hombres; ello limita que puedan realizar otras actividades, afectando asimismo su salud integral y libre desarrollo. Respecto a esta situación, la Defensora del Pueblo destacó –como tercer reto– la urgencia de impulsar la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados.

Otro problema mencionado fue el del embarazo adolescente, ya que, según el Ministerio de Salud, del 1 de enero al 27 de febrero de 2023, se registraron 3358 casos de madres entre 15 y 19 años; y 71 casos en los que tenían entre 11 y 14 años. Para cambiar esta realidad, urge la implementación de planes y programas con el debido presupuesto para la prevención del embarazado no deseado en adolescentes y garantizar la educación sexual integral (cuarto reto).

En este contexto, es clave también la labor que cumplen los gobiernos regionales, provinciales y locales. Por esto, como quinto reto, la Defensora del Pueblo señaló que se debe realizar seguimiento al trabajo que deben desarrollar las instancias de concertación a todo nivel, de tal forma que se implementen las obligaciones legales de atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, de forma articulada entre los sectores, entidades y actores involucrados en los tres niveles de gobierno.

Finalmente, cabe destacar que la Defensoría del Pueblo plantea estos compromisos en articulación con mujeres diversas, como mujeres adolescentes, con discapacidad, indígenas, afroperuanas, mujeres trans, migrantes, trabajadoras del hogar, canillitas, mujeres de ollas comunes, de organizaciones sociales de base, defensoras comunitarias, emprendedoras, entre otras. En esa línea, se expresó el compromiso de trabajar junto a ellas y promover que el Estado fortalezca su respuesta estatal para el cumplimiento de sus demandas.