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Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con los pueblos indígenas durante la segunda cumbre nacional desarrollada en Iquitos

10:16 am 16/10/2025

  • El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, promoviendo el respeto pleno de sus derechos fundamentales.
  • Participaron delegaciones representativas de comunidades de las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Huánuco, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo del defensor del pueblo, Dr. Josué Gutiérrez, llevó a cabo la Segunda Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en la ciudad de Iquitos, región Loreto. Este encuentro se consolidó como un espacio nacional de diálogo intercultural orientado a fortalecer la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, en el marco de la defensa de sus derechos fundamentales y la reducción de las brechas históricas de desigualdad que los afectan.

El evento reunió a delegados apus, jefas y jefes comunales, lideresas y líderes indígenas, así como a representantes del Estado. Durante los dos días, se abordaron temas vinculados al acceso a la salud, educación intercultural bilingüe, la seguridad jurídica de sus territorios, la justicia intercultural, la participación política, la protección ambiental, la prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la igualdad de género, la lucha contra la discriminación racial y la minería ilegal. La partición de las comunidades permitió recoger aportes, demandas y propuestas concretas orientadas a mejorar la atención estatal desde un enfoque intercultural, interseccional y territorial.

Durante el desarrollo del primer eje temático, referido al acceso a servicios públicos de calidad y desarrollo económico productivo, se destacó la urgencia de fortalecer un sistema de salud con pertinencia cultural, que garantice una atención oportuna, con infraestructura adecuada, medicamentos disponibles y personal capacitado en las lenguas y prácticas tradicionales de las comunidades. Asimismo, se enfatizó la necesidad de revalorar el rol de las parteras y sabios tradicionales, e incorporar sus conocimientos en las políticas públicas de salud.

Sobre materia educativa, remarcaron la importancia de ampliar los programas de educación intercultural bilingüe, dotar de servicios básicos a las instituciones educativas en zonas rurales, mejorar la infraestructura, garantizar la presencia de docentes debidamente capacitados en lenguas originarias, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 023-2024-MINEDU, fortalecer la conectividad digital y promover el rescate de los saberes ancestrales a través del trabajo conjunto entre docentes y comunidades. También expusieron la necesidad de ampliar la cobertura de becas universitarias para jóvenes indígenas.

En cuanto a una vida libre de violencia y justicia intercultural, resaltaron la importancia de la implementación de un plan de atención con enfoque intercultural que garantice el acceso efectivo a la justicia y la no revictimización de niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas víctimas de violencia.

Por otro lado, también se resaltó la necesidad de contar con intérpretes en los servicios públicos, promover una administración de justicia con enfoque intercultural y capacitar a los operadores de justicia en temas de interculturalidad. En el ámbito económico productivo, se propuso fortalecer las capacidades comunales para el desarrollo sostenible mediante proyectos productivos, con acompañamiento técnico del Estado.

Respecto al segundo eje, centrado en la defensa de territorios ancestrales, justicia ambiental y sostenibilidad, se reafirmó la urgencia de culminar los procesos de titulación y georreferenciación de tierras comunales, garantizar la intangibilidad de sus territorios y asegurar el respeto del derecho a la consulta previa antes de otorgar concesiones. Asimismo, solicitaron acciones más firmes y efectivas frente a la minería ilegal, tala ilegal de formaciones boscosas y demás actividades extractivas ilegales, así como medidas de remediación ante la contaminación ambiental que afecta la salud y el ambiente en que habitan las comunidades.

Las conclusiones finales de ambos ejes coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en los territorios indígenas, con políticas públicas estratégicas, articuladas y con enfoque intercultural, a fin de garantizar el acceso a servicios públicos, la seguridad territorial, el respeto a los derechos colectivos y a la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso en defensa de los derechos fundamentales y de supervisar el cumplimiento efectivo de la prestación de servicios públicos, impulsando espacios de diálogo permanente que contribuyan a cerrar las brechas históricas de exclusión y desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas u originarios.

Entre las instituciones participantes destacaron el Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Ministerio Público y el Poder Judicial. Asimismo, participaron entidades como; el Seguro Integral de Salud, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, AGROMERCADO, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, el Centro Nacional de Investigación Social e Interculturalidad en Salud y el Gobierno Regional de Loreto.

Su participación permitió un diálogo directo y constructivo con los pueblos indígenas, reafirmando el compromiso interinstitucional por avanzar hacia políticas públicas que respondan a las realidades y necesidades de los territorios, promoviendo un Estado más inclusivo, intercultural y participativo.

Con la realización de la Segunda Cumbre Nacional, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso institucional de seguir promoviendo un Estado intercultural, inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural del país, en el que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas, valoradas y tomadas en cuenta en la construcción de políticas públicas que garanticen su desarrollo integral y sostenible.