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Defensoría del Pueblo rechaza toda forma de violencia en las Elecciones Generales y recuerda que cualquier conducta que altere el proceso en libertad es un delito

2:41 pm 11/03/2026

  • En las últimas semanas, a nivel nacional se vienen registrando diversos hechos de violencia en el proceso electoral, que se expresan agresiones verbales y físicas contra candidatos, comitivas, así como la destrucción de la propaganda electoral de diversas organizaciones políticas, ocurridos en diversas partes del país.

Desde la Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación y rechazamos todo acto de violencia. Un proceso electoral democrático requiere que todas las organizaciones políticas en contienda puedan difundir a la población electoral, sus planes de gobierno, propuestas programáticas, experiencia política, trayectoria, así como toda información relevante que permita al elector emitir un voto informado.

Por ello, invocamos a la ciudadanía en general y partidos políticos a promover un proceso pacífico; y, exhortamos a las autoridades del Sistema Electoral e instituciones públicas competentes, a actuar con firmeza frente a hechos de violencia, para cautelar la democracia, iniciando de oficio las investigaciones correspondientes, tendientes a identificar y sancionar a quienes resulten responsables.

En este sentido, perturbar el proceso electoral afecta estos derechos, tanto para los candidatos como para la ciudadanía en general, que debe mantenerse informados para elegir libremente a sus autoridades. Corresponde entonces, la oportuna actuación de la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, sea si estamos frente a un delito contra la voluntad popular o si se configura un a un delito común.

Debemos recordar que el numeral 17 del artículo 2° de la Constitución Política, reconoce a toda persona el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política de la Nación; así como el derecho de elegir y ser elegidos, conforme lo señala el artículo 31°, al garantizar que los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes.

Además, corresponde al Tribunal de Honor, impulsado desde el Jurado Nacional de Elecciones, conocer de aquellos hechos que vulneran el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, que fue suscrito por 28 organizaciones políticas, el cual tiene por objeto conducir el proceso electoral conforme a los valores democráticos y principios constitucionales. Y, complementariamente, corresponde a los Jurados Electorales Especiales iniciar un procedimiento sancionador por las eventuales infracciones contra la propaganda electoral.

En atención al avance de la campaña electoral y ante la necesidad de cautelar el ejercicio democrático reflejado en unas elecciones transparentes, ordenadas, pacíficas y respetuosas de la voluntad popular, la Defensoría del Pueblo recomienda lo siguiente:

 Frente a los actos de violencia contra los candidatos en contienda en las EG2026

Al Jurado Nacional de Elecciones:

  • ACTIVAR los mecanismos de coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional para realizar las denuncias pertinentes contra personas, autoridades, funcionarios o servidores que cometan ilícitos penales en el marco del proceso electoral general, en cumplimiento del literal q del artículo 5 de la Ley n.º 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
  • INCREMENTAR las campañas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía, en cumplimiento del literal x del artículo 5 de la Ley n.º 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral.

Al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral:

  • VIGILAR la conducta esgrimida por las organizaciones políticas, candidatos y militantes, a efecto de hacer las exhortaciones correspondientes, frente a hechos que denoten violencia, amenaza o afecten el proceso de Elecciones Generales 2026.

Frente a las acciones de destrucción de la propaganda política

A los sesenta (60) Jurados Electorales Especiales

  • INICIAR de oficio las investigaciones en el marco de un procedimiento sancionador, de advertir en su respectiva jurisdicción, la eventual comisión de una infracción en materia de propaganda electoral, como es “La destrucción, anulación, interferencia, deformación o alteración de la propaganda permitida”, establecida en el numeral 7.9 del artículo 7, de la Resolución N° 884-2025-JNE, tendiente a identificar y sancionar a los eventuales responsables.

A las organizaciones políticas

  • RECORDAR a todos los personeros legales de los partidos políticos en contienda que han suscrito el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, para por ejemplo, que sus afiliados, directivos, adherentes y simpatizantes puedan ejercer su derecho de participación política en forma respetuosa, tolerante y sin violencia; a contribuir a un ambiente pacífico durante el proceso electoral; o, promover entre sus candidatos, afiliados, adherentes y simpatizantes el uso ético y responsable de los medios de comunicación, redes sociales y de la inteligencia artificial, evitando la difusión de noticias falsas o manipuladas.
  • INVOCAR a las organizaciones políticas que no han suscrito el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, a suscribirlo, puesto que tiene por objeto guiar el comportamiento de todos los actores que participan en un proceso electoral, para que este sea democrático, respetuoso y transparente.

A la Policía Nacional del Perú:

  • IMPLEMENTAR estrategias de seguridad, a través de las labores de inteligencia, que permita garantizar no solo la seguridad de todos los candidatos, militantes y locales partidarios en todo el territorio nacional, independientemente de la organización política de la que se trate, sino también de la población que participa en estas actividades proselitistas, a efecto de que los hechos de violencia no escale o se repitan.
  • IDENTIFICAR, a través de la Dirección de Alta Tecnología, acciones que promuevan o difundan la violencia o el escarnio público en los entornos digitales y de redes sociales, conforme a la Ley n.° 30096, Ley de Delitos Informáticos.

Al Ministerio Público:

  • INICIAR las investigaciones con la debida diligencia y celeridad para identificar a las personas que resulten responsables de los hechos de violencia esgrimidos en el marco del proceso de Elecciones Generales 2026 en todo el país, al ser conductas que podrían ser tipificadas como como delitos contra la voluntad popular o delitos comunes en el Código Penal.

A los Gobiernos Locales:

  • ARTICULAR con la Policía Nacional del Perú, Prefecturas y Subprefecturas, así como con los Jurados Electorales Especiales, para reforzar las acciones de fiscalización municipal en el marco de sus competencias, especialmente, en el uso de espacios públicos para la realización de actividades de campaña, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a la participación política sin riesgos a la integridad de la población.

A la ciudadanía en general

  • RECORDAR a la ciudadanía que es válido discrepar con las ideas o propuestas expresadas en una contienda electoral, porque fortalece nuestra democracia; sin embargo, esto no justifica hechos de violencia.
  • INVOCAR a la ciudadanía a no realizar actos de violencia física o verbal contra cualquier persona; actos de hostigamiento hacia una determinada agrupación política; o, afectaciones a la propiedad pública o privada.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de velar por el respeto de los derechos fundamentales y por el fortalecimiento de un clima de paz y tolerancia que permita que las Elecciones Generales 2026 se desarrollen dentro de los estándares internacionales de derechos humanos.