Defensoría del Pueblo rechaza todo acto que atente contra la imagen y el respeto de la Policía Nacional del Perú

• Tras el incidente protagonizado por un oficial de la PNP durante una intervención policial en el distrito de San Martín de Porres, exigimos acciones inmediatas en el ámbito penal y disciplinario.

La Defensoría del Pueblo expresa su rechazo frente a los hechos protagonizados por un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien habría ocupado indebidamente la vía exclusiva del Metropolitano, impactando su vehículo con la motocicleta de un suboficial de tránsito. El video, difundido a través de redes sociales y diversos medios de comunicación, muestra al intervenido comportarse de forma contraria a los principios valores y normas de conducta que regula el comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú.

Este tipo de comportamientos resultan especialmente graves cuando provienen de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y velar por el orden público, toda vez que afectan la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú y debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. En un Estado democrático de derecho, todos los ciudadanos, sin excepción, deben actuar con respeto hacia la autoridad y someterse a los procedimientos establecidos conforme al marco legal vigente.

En ese sentido, solicitamos al Ministerio Público que las investigaciones iniciadas se desarrollen con objetividad, independencia y celeridad, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan por la presunta comisión de ilícitos penales.

Asimismo, exhortamos a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú a disponer el inicio inmediato de las investigaciones administrativas y disciplinarias correspondientes, garantizando una actuación diligente, transparente y oportuna, que permita determinar las responsabilidades funcionales en las que habría incurrido el mencionado oficial.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, el respeto a la autoridad y la promoción de una cultura de legalidad en el país. En esa línea, continuará supervisando el desarrollo de las investigaciones y las acciones adoptadas por las autoridades competentes, a fin de garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes y se preserve el respeto hacia las instituciones públicas.